En sentencia histórica, condenan al Estado y a uno de los asesinos del activista Julián Carrillo

CHIHUAHUA, Chih.

Las juezas Manuel Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado y el juez Felipe de Jesús Medina Granado, condenó a 48 años de prisión a José Feliciano R. M. por el homicidio de Julián Carrillo ocurrido el 24 de octubre de 2018, y a 24 años por el asesinato del hijo de Julián, Víctor Carrillo Carrillo, registrado en febrero de 2016.

La sentencia impuso 48 años de prisión a uno de los autores materiales de los dos homicidios y determinó que se debía reparar el daño integralmente, tanto a las familias directas de las personas asesinadas, como a la comunidad a la que pertenecían.

Durante la audiencia de individualización de las sanciones, con la que ayer concluyó el juicio oral, el Tribunal determinó que el Estado ha fallado en brindar la protección a las personas defensoras que han sido privadas de la vida.

“Se reconoció que, a partir de los hechos de violencia perpetuados en contra de la comunidad, en el contexto de defensa de su tierra, territorio, recursos naturales y, concretamente, a partir del homicidio de uno de sus principales líderes, varias personas se habían desplazado forzadamente, sufriendo la pérdida de sus bienes e impidiendo la realización de su proyecto de vida”, dieron a conocer las organizaciones Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

La representación social y las organizaciones coadyuvantes a través de sus abogados, solicitaron que las autoridades de diferentes niveles de gobierno realicen acciones eficientes de seguridad pública para erradicar al grupo criminal que actúa en la zona y garantizar así el regreso digno y seguro de las familias a su lugar de origen.

En la sentencia los jueces ordenaron la reparación del daño moral y la realización de un acto público donde se reconozca a Julián Carrillo Martínez como defensor de derechos humanos, así como medidas de rehabilitación y compensación a favor de quienes acrediten haber sufrido pérdidas económicas derivadas de los hechos que fueron materia del juicio.

Para directora de Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz: “Es un juicio que marca un precedente muy importante, de un mensaje de no a la impunidad para asesinatos de defensores ambientales de tierra y territorio, porque los agentes del Ministerio Público fueron sensibles e incluyeron la perspectiva cultural”.

Detalló que al principio todo iba dirigido a un juicio por un homicidio nada más, pero las organizaciones empujaron para que se incluyera la perspectiva comunitaria.

“Finalmente se trabajó y lo integraron de tal manera a un interrogatorio con pertinencia cultural, los ministerios públicos se abrieron a los tiempos y a los ritmos de los testigos, que son personas indígenas de la comunidad o familiares de Julián. El Cedehem y Alianza marcan un precedente en documentar de manera exhaustiva un daño a la comunidad y a la familia”, agregó en entrevista González Díaz.

Lo lograron con peritajes antropológicos y psicosociales, que estuvieron a cargo del antropólogo Horacio Almanza y de las psicólogas Karina Baltazares y Andrea Cárdenas, que se encargaron de documentar los daños a la comunidad y a la familia, incluso a los integrantes de la Alianza Sierra Madre porque vivieron todo el proceso, desde documentar agresiones, al ver que el Estado no cumplía de manera suficiente y de calidad para Julián cuando estaba vivo y amenazado, y posteriormente, ver su asesinato.

Otra de las participaciones consistió en dar testimonio del rol de Julián como defensor, ya que las amenazas, de dar a conocer las amenazas que le hicieron y que se materializaron los asesinatos de su hijo Víctor Carrillo Carrillo, de su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco y su yerno Francisco, éste último asesinado en julio de 2018, tres meses antes de que mataran a Julián.

En un comunicado conjunto, Alianza Sierra Madre y el Cedehem reconocieron que esta sentencia sienta un precedente a nivel nacional y esperan que sirva como referente para otras comunidades indígenas que enfrentan los mismos obstáculos en su lucha por el respeto de su territorio ancestral.

“Consideramos que sentencias como ésta constituyen una medida efectiva que permite que hechos similares no se repitan al ser sancionados adecuadamente”, indican.

Julián Carrillo Martínez era comisario de Bienes Comunales de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo localizado en la Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua. Por décadas, dedicó su vida a la defensa del bosque y de su comunidad.

Como comisario realizó acciones y denuncias ante todas las instancias que dispone el Estado mexicano, para solicitar el respeto y garantía de los derechos de Coloradas de la Virgen.

En el camino de la lucha, que realizó con otros compañeros y compañeras, sufrió una serie de amenazas y el asesinato de varios integrantes de su familia, por lo que él y otras personas de la comunidad, así como defensores de Alianza Sierra Madre, fueron incorporados al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde febrero de 2014.

Como medidas de protección se le otorgó un teléfono satelital y acompañamiento policiaco en sus traslados fuera de su comunidad.

“Previo a su asesinato, se documentaron y se hicieron del conocimiento de las autoridades correspondientes, los diferentes incidentes de seguridad que sufrió. Incluso en diciembre de 2016, en una de las comunicaciones enviadas, se advirtió que Julián se encontraba en riesgo cada vez que subía al cerro en el que captaba la señal de teléfono, debido a la alta probabilidad de ser interceptado por sus agresores, circunstancia en la que finalmente fue asesinado. A pesar de lo anterior, las medidas otorgadas para protegerlo no fueron modificadas o adecuadas”, añaden las organizaciones.

La comunidad de Coloradas de la Virgen continúa en la lucha jurídica por sus recursos naturales y mantiene una demanda al Estado mexicano para que proteja a sus integrantes, quienes permanecen en situación de riesgo.