El sistema anticorrupción de ‘Alito’, costoso y sin resultados

En junio de 2019 Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, abandonó la gubernatura sin rendir su cuarto informe y se fue a la Ciudad de México a presidir el PRI. Por esas fechas ya se le cuestionaba su enriquecimiento inexplicable, que incluye una multimillonaria mansión en el inexpugnable fraccionamiento Lomas del Castillo, apreciable sólo en imágenes satelitales.

Ese mismo año su correligionario Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, presentó una denuncia contra Moreno Cárdenas ante la Fiscalía General de la República, aunque no logró el ejercicio de la acción penal.

En la entidad también se le recriminaba el abultamiento de la deuda pública, que durante su gestión pasó de 812 millones 275 mil pesos a 2 mil 369 millones debido a proyectos faraónicos que se quedaron en maqueta; además de una pobreza creciente que entre el segundo y el tercer año de su cuatrienio pasó de 43.8 a 46.2%; las cifras de extrema pobreza se elevaron de 6.7 a 9.8%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Antes de irse a dirigir el PRI nacional confeccionó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde cuyas entrañas se trancó la emisión de una política local en la materia, que debió sentar las directrices para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en el estado.

Sin más remedio, porque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción así lo obligaba, en julio de 2017, como jefe del Ejecutivo estatal, Moreno Cárdenas envió al Congreso, en el límite del plazo, la iniciativa para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, que fue aprobada en automático. Su prima, Laura Baqueiro Ramos, quien en octubre próximo será por tercera vez diputada local, presidía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en aquella Legislatura.

En paralelo a esa ley, y como parte de la estructura del SEA, fue necesario crear la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE), a la que se dotó de “presupuesto propio y autonomía”, sólo que a su titular se le otorgó una permanencia de 15 años en el cargo, con lo que trascendería dos sexenios y medio.

SELECCIÓN DEL FISCAL

Según la ley, es facultad del Congreso seleccionar al fiscal anticorrupción de entre los aspirantes propuestos por organizaciones ciudadanas. Sin que se diera a conocer qué organizaciones los propusieron, fueron entrevistados para el cargo 15 personas –10 varones y cinco mujeres–, entre quienes se eligió a quien desde días antes se sabía que sería el fiscal anticorrupción: José Ángel Paredes Echavarría.

El periodo de Paredes, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, concluiría en 2033, pero murió el 8 de agosto de 2019. En octubre siguiente se intentó acomodar a José Alberto Calderón Silva, primo de Alito, a quien durante su mandato tuvo al frente del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, de donde surgieron varios de los consejeros distritales electorales que estuvieron a cargo de los comicios para gobernador y diputados locales el pasado 6 de junio.

Como los otros 17 aspirantes a la FAE, Calderón cumplió con el protocolo ante el Congreso local, donde fue entrevistado por la comisión especial legislativa integrada por la priista Ana Gabriela Sánchez Preve y el entonces dirigente estatal del Partido Verde, Álvar Ortiz Azar, cuñada y sobrino de Moreno Cárdenas, respectivamente. Su imposición abortó debido a la presión mediática y ciudadana al recién nombrado gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa González –quien fungió como secretario de Gobierno de Alito–, con lo que ascendió como fiscal Silvia Moguel Ortiz, a quien Paredes tuvo como vicefiscal.

MALAS CUENTAS

A la fecha, el SEA ha costado más de 200 millones de pesos sin ofrecer resultados en el cumplimiento de su objetivo, ya que todavía el estado carece de una política anticorrupción que marque las directrices para comenzar a ejercer la ley en la materia, y la FAE en dos años sólo judicializó un expediente, y lo hizo con deficiencias e irregularidades.

El caso se abrió en diciembre de 2020 contra Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen en el trienio 2015-2018, y dos de sus colaboradores, en atención a la denuncia que les formuló la Auditoría Superior del Estado (ASE) el día 15 de ese mes por los delitos de peculado y abuso de atribuciones.

La acusación devino días después de que el exmunícipe renunció al PAN, inconforme con la alianza electoral que ese partido pactó con el PRI y el PRD y cuando ya se mencionaba su nombre como posible candidato de Morena para disputar de nuevo el 6 de junio esa alcaldía. Así lo hizo y ganó.

En enero pasado, el juez segundo de control, Miguel Ángel Jiménez, vinculó a proceso a Gutiérrez Lazarus debido a un pago por 580 mil pesos que su administración hizo a la empresa Strategis, de Rafael Caraveo Opengo –el hombre que aparece en el video de los “moches” de Odebrecht– para litigar contra la serie de embargos a las participaciones federales que el gobierno de Alito aplicó a ese ayuntamiento por adeudos al Servicio de Administración Tributaria y al IMSS, que heredó de las tres administraciones anteriores.

Durante ese trienio fue habitual el hostigamiento político, presupuestal y judicial que Alito ejerció contra Gutiérrez Lazarus, quien en 2018 contendió para reelegirse en el cargo. No lo consiguió por un presunto fraude electoral que favoreció al priista Óscar Rosas.

| Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI.

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