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Economía y Agricultura buscan disminuir uso de glifosato en Méxic

Se afirmó que se mantendrá la coordinación entre dependencias federales y el sector agroalimentario

Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía del Gobierno de México informaron que trabajan de manera coordinada con los productores del país para dar cumplimiento al decreto sobre la eliminación gradual del uso del glifosato y de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las y los mexicanos.

Economía y Agricultura buscan disminuir uso de glifosato en Méxic

Esta acción, señalaron las dependencias, forma parte de la iniciativa público-privada "Maíz para México", que tiene la finalidad de contribuir a la meta de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, en este sentido, la Secretaría de Agricultura informó que impulsará la producción de maíz amarillo en las entidades federativas que cuenten con este potencial producto y estén vinculadas a los principales centros de consumo. 

"En la medida en que se avance en el incremento de volúmenes, se propiciará el abasto del sector pecuario con producción doméstica, reduciendo el nivel de las importaciones actuales. Igualmente, se impulsará la reconversión productiva hacia granos forrajeros y oleaginosas con cultivos de ciclo corto y menor demanda de agua, principalmente en regiones con alto estrés hídrico, con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades de la industria pecuaria, cuyas tasas de crecimiento en México han estado en ascenso, con base en factores como la ubicación geográfica del país y el favorable estatus sanitario", refirió. 

En la reunión, se afirmó que se mantendrá la coordinación entre dependencias federales y el sector agroalimentario para lograr gradualmente lo establecido en el decreto y garantizar a las cadenas productivas el abasto que requieren de granos para mantener su dinamismo, cuyos resultados generan empleos e inversión en el medio rural, además de contribuir a la disponibilidad de alimentos.

Cabe recordar que el decreto referido establece que a partir de su entrada en vigor, la Administración Pública Federal debe abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar el glifosato en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.



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