Ciudad de México aprueba un impuesto del 2% a las aplicaciones de reparto de comida

Las aplicaciones de entrega de alimentos y mercancías tendrán que pagar a partir del siguiente año un impuesto a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), por el uso de calles y avenidas de Ciudad de México. Aplicaciones como Uber Eats, DiDi Food, Rappi, entre otras, deberán destinar el 2% antes de impuestos de cada uno de los cobros que realicen para cada una de las operaciones de intermediación con terceros. Este nuevo cobro, bajo la figura de aprovechamiento, fue avalado la madrugada de este miércoles, tras casi cinco horas de debate, por el pleno del Congreso de Ciudad de México con 39 votos a favor y 16 en contra.

La redacción del dictamen al Código Fiscal fue modificada por comisiones del Congreso capitalino con el objetivo de que el nuevo impuesto de 2% a aplicaciones de delivery no impacte a repartidores, usuarios o a restauranteros. Sin embargo, los legisladores de la oposición aseguraron durante la discusión legislativa que esta modificación no garantiza que el costo no se traslade a terceros. El diputado panista, Federico Döring, criticó que se busque cobrar el 2% a este sector económico sin que los repartidores cuenten con seguridad social y otras prestaciones.

Asociaciones de la industria y la confederación patronal Coparmex, rechazaron el impuesto en plena crisis económica derivada de la pandemia. “Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social. Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermedias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales”, indicaron los afectados en un comunicado.

Joel Gómez Treviño, presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, señala que existe un alto riesgo de que, tras esta decisión del Congreso capitalino, otros Estados intenten ver en las aplicaciones una “mina de oro” y propongan impuestos similares en sus gobiernos y anticipa que habrá una ola de amparos de las empresas contra esta nueva medida fiscal de la Ciudad de México. “Este impuesto desincentiva el ecosistema digital global, la creación de nuevos negocios y la implementación de nuevas aplicaciones. Este ‘aprovechamiento’ pude fomentar la economía informal”, comenta.

El especialista en tecnología, de 47 años, añade que es imposible verificar que este nuevo cargo afectará a repartidores y consumidores finales debido a que es imposible constatar que no se transfiera a terceros este coste adicional. ”Es tan fácil como que las propias aplicaciones modifiquen su estructura de precios y discretamente aumenten un 1%, un 2%, es un aumento que no se va a notar a priori o que no sea comprobable que el aumento se debió a este impuesto, es un impuesto completamente ineficiente”, zanja.

Las plataformas de reparto tendrán que informar a la Secretaría de Finanzas sobre el número de entregas mensuales que realicen y el pago de impuestos lo tendrán que hacer el día 15 de cada mes. A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró este miércoles la aprobación del paquete fiscal: “Gracias a las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios por la aprobación del presupuesto 2022 a favor del bienestar y los derechos de los habitantes de la Ciudad”.