Canadá sanciona a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega
El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau
MANAGUA — “Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas”, dijo Garneau en un mensaje vía Twitter.
Señaló que, además, el gobierno de Ortega “se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas” el 7 de noviembre, a pesar “de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales”.
En cambio, sostuvo el documento, el gobierno de Ortega ha intensificado sus ataques “y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales”.
Entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega Murillo; la fiscal general Ana Julia Guido; los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, y el directivo del Consejo Supremo Electoral , Lumberto Campbell.
También figuran, entre otros, el ministro de Hacienda, Iván Acosta; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y el ministro de Transporte, Jorge Mujica; así como los diputados sandinistas Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, señalado de dirigir grupos paramilitares.
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Canadá indicó que las sanciones están en línea con las acciones tomadas por sus socios internacionales. Una treintena de altos funcionarios del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
En junio de 2019, el gobierno canadiense ya había sancionado a nueve altos funcionarios, entre ellos varios jefes de la policía y diputados sandinistas, así como a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja y asesor del gobierno.
Estas sanciones se tomaron tras los sucesos de abril de 2018, cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto provocó 328 muertos, más de 2.000 heridos, unos 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados.
El 1 de julio Murillo arremetió contra Canadá por el caso de las antiguas tumbas de niños indígenas descubiertas en internados católicos. “Esas prácticas canadienses inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismo hitleriano”, dijo en esa ocasión.
“Igualmente nosotros no concedemos a Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestro camino”, agregó en alusión a las críticas del gobierno de Jacques Trudeau.
“Canadá apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a votar en elecciones libres, justas y transparentes”, destacó el documento del gobierno de Canadá .
A su vez reclamó “la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso a los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil”.