Ampliación de mandato, beneficio que sigue vivo
Agosto 17, 2021 -
El presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla
La fallida iniciativa presidencial para que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ampliara su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta el 30 de noviembre de 2024, causó una fractura al interior del máximo tribunal que no se resolvió con la renuncia del propio implicado al beneficio que le otorgaba la reforma judicial.
Por el contrario, en el pleno de la SCJN existe una abierta inconformidad contra el titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien optó por una salida política al conflicto jurídico, creado desde la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para que Zaldívar se hiciera cargo de la reforma judicial hasta el final del sexenio, pese a que sólo fue elegido para presidir el máximo tribunal por un periodo de cuatro años, que concluye el 30 de diciembre de 2022.
El debate para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar dos años también evidenció que el presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla, así como al Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que esta semana enfrentó su propia crisis institucional.
Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido con el voto de siete ministros, pero a la hora de cabildear para lograr la ampliación de su mandato –prevista en el artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– ya no aseguró el sufragio de cuatro de los siete ministros que votaron en su favor el 2 de enero de 2019, mientras que otros dos votos los perdió con los relevos que desde esa fecha se han dado en la Suprema Corte.
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SIN APOYO
Entre los aliados que Zaldívar perdió en menos de tres años se encuentran Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes marcaron su distancia en octubre de 2020, cuando votaron contra la constitucionalidad de la consulta para esclarecer hechos del pasado, por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Otro de esos siete votos lo perdió con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, ocurrida el 3 de octubre de 2018 en el contexto de las investigaciones que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el depósito de 107 millones de pesos en sus cuentas bancarias, movimientos financieros que aparentemente no estaban justificados.
Otro sufragio perdido fue el de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien el 18 de febrero de 2019 pasó a situación de retiro al concluir el periodo de 15 años para el cual fue electa en 2004.
El ministro presidente tampoco pudo sumar el voto de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, ni del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fueron designados por el Senado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de enero de 2019.
Fuentes consultadas por Proceso señalan que la ministra Ríos Farjat y el ministro González Alcántara Carrancá estaban contra la ampliación de mandato de Zaldívar, por lo que iban a hacer valer su autonomía frente a los llamados del Poder Ejecutivo federal para que el actual presidente de la Suprema Corte siguiera en el cargo dos años adicionales.
MINISTROS CONTRA LA CONSTITUCIONALIDAD
Al menos tres ministros más, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas, autor del proyecto de resolución sobre este tema, también estaban contra la constitucionalidad del artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial.
En otras palabras, existía una mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la misma en su artículo 13 transitorio que ampliaba el mandato de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de 2022 a 2024.