Durante los últimos 17 años Zacatecas ha permanecido bajo el asedio de distintas organizaciones criminales, pero desde la guerra emprendida contra éstas en el sexenio de Felipe Calderón el estado no vivía, como actualmente, tantos días sucesivos de masacres, desplazamiento forzado y terror extremo.
La furia con la que se han enfrentado durante las últimas semanas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa ha causado numerosas muertes de ambos bandos, pero también ha dejado víctimas como paramédicos, profesionistas y menores ajenos a su causa criminal.
No hay zona del estado libre de violencia, aunque los homicidios han ocurrido principalmente en la capital, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Villanueva y Valparaíso. En este último municipio los cárteles libraron a finales de junio una batalla donde murieron 18 personas, según cifras oficiales, aunque hay versiones de que fueron más de 40.
En los últimos 10 días esos municipios acumularon más de 50 homicidios. Sólo el jueves 15 el gobierno federal informó de 10.
La acometida de estos cárteles rebasó a todas las autoridades y a las fuerzas policiaca y militar desplegadas en territorio estatal. Habitantes de Valparaíso y Jerez tuvieron que abandonar sus viviendas y bienes para resguardarse en las cabeceras municipales porque, dice uno de ellos, “aquello está tomado por los pistoleros”.
Los informes del Grupo de Coordinación Local de Seguridad, que encabeza el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna, reflejan la crítica situación a pesar de que su propósito sea alardear de “acciones contundentes que se despliegan a través de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas”.
En junio pasado se reconoció que el número de llamadas para denunciar delitos en el teléfono 089 (habilitado en febrero) aumentó 1,500%. Sólo en ese mes se conoció del secuestro de cinco personas y nueve casos de secuestro virtual. Y en Guadalupe, municipio conurbado con la capital, se localizó un centro de empaque y distribución de droga. Durante los operativos se decomisaron miles de dosis, principalmente de metanfetaminas y cocaína.
Pero ante el pandemónium que se desencadenó después de las elecciones del día 6 del mismo mes, el gobernador saliente optó por reconocer “los momentos complejos” que vive la entidad, para luego pedir públicamente al gobierno federal el envío de más elementos de la Guardia Nacional, que se sumarían a los 2 mil que ya están desplegados en Zacatecas.
CJNG VS CÁRTEL DE SINALOA
En septiembre de 2020 Tello Cristerna decidió hacer cambios en su gabinete de seguridad al manifestarse el repunte en homicidios, extorsiones y secuestros. El día 9 anunció que, en acuerdo con el gobierno federal y rumbo al final de su administración, nombraba secretario de Seguridad a Arturo López Bazán, policía federal de carrera que hasta ese momento estaba en la Guardia Nacional.
López Bazán, quien también fue integrante de la Coordinación Nacional Antisecuestro, es el tercer titular de la dependencia en menos de cuatro años: Tello Cristerna inició su periodo en septiembre de 2016 con el general de brigada Froylán Carlos Cruz, quien salió en junio de 2017 entre protestas de los policías estatales; el segundo secretario fue Ismael Camberos Hernández, también con carrera de policía federal.
“Casualmente estas disputas se avivan en las transiciones políticas, cuando hay cambio de administración (estatal)”, señala a Proceso Arturo Nahle García, exprocurador y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Aunque reconoce la etapa crítica que en materia de seguridad le tocó vivir como procurador (Proceso 1788 y 1822), Nahle se refiere a la violencia de estos días como “una guerra bárbara entre los cárteles”, que atribuye al control de las rutas identificadas para el trasiego de drogas, al incremento en el consumo local y, posiblemente, “a que el Cártel de Sinaloa esté cuidando la puerta para que no se le meta el de Jalisco”.
| Arturo Nahle García, exprocurador y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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