Cd. de México
Aunque en un principio la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputar un monto de 165 millones de pesos por los supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética, al final sólo pudo fincar cohecho por 97.1 millones y el lavado por 52.3 millones.
En abril pasado, la FGR consiguió que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle fuera procesado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el magistrado José Alfonso Montalvo. Desde el inicio, la pesquisa de la Fiscalía se basó en 15 recibos que aportó el ex director de Pemex Emilio Lozoya, al Ministerio Público Federal -uno por cada maleta de dinero en efectivo presuntamente entregada- por un total de 165 millones 90 mil pesos.
Pero, según el fallo del magistrado Montalvo, hay dos razones por las que la FGR no pudo fincar al ex legislador panista la totalidad del dinero que Lozoya dice haber repartido. Por un lado, en una diligencia del 27 de octubre pasado ante la Fiscalía, Rafael Caraveo, ex subordinado de Lavalle e intermediario en las entregas, sólo reconoció su firma en 8 de los 15 recibos presentados por Lozoya, por 97 millones 190 mil pesos, suma que se imputó al ex senador. Por otra parte, la FGR acusó lavado de dinero, modalidad vigente desde marzo de 2014, que excluyó 7 presuntas entregas de dinero anteriores a esa fecha, incluidas cuatro de las reconocidas por Caraveo.
Lo anterior dejó en sólo 52 millones 390 mil pesos el delito de lavado de activos. Se trata de la reforma al artículo 400 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, que ahora sanciona la recepción de dinero "por interpósita persona". Las únicas entregas de dinero por las que fue abierto el proceso ocurrieron en 2014: el 29 de abril, por 16 millones de pesos; 14 de julio y 6 de agosto, cada una por 12 millones; y 21 de agosto, por 12 millones 390 mil pesos, todas reconocidas por Caraveo y posteriores a la reforma legal citada. Autoridades judiciales indicaron que, en caso de que sea imputada esta modalidad de lavado a otros políticos y ex legisladores, la FGR no podrá fincar una suma superior a los 52.3 millones de estas cuatro presuntas entregas.
"Se precisó que de los 15 recibos de entrega de dinero que presentó el denunciante, solo 4 se consideraron para este hecho, que son los realizados a partir de la vigencia de la norma que prevé el delito", dijo el magistrado Montalvo, al confirmar la vinculación a proceso de Lavalle. Los 7 envíos de maletas que fueron excluidos de la imputación fueron uno de 900 mil y otro de 13 millones, ambos sin fecha precisa; y otro de 10 millones, registrado el 11 de diciembre de 2013. Los restantes son de 2014. Uno, de enero, por 12 millones 800 mil; otros del 15 de enero y 14 de febrero, cada uno por esa misma cantidad y, otro del 7 de marzo, por 6 millones 400 mil. Estas cuatro últimas corresponden a recibos en los que Caraveo reconoció su firma, mientras que en los tres primeros dijo desconocer la rúbrica.
Hubo también cuatro supuestas entregas de maletas de dinero, posteriores a la reforma del delito de lavado, que quedaron excluidas porque sus recibos no fueron reconocidos por Caraveo. Todos están registrados en abril del 2014. El día 2 de abril de 2014 habrían sido entregados 12 millones 800 mil; el día 11, 6 millones 400 mil; el 21, otros 12 millones de pesos y al día siguiente 12 millones 800 mil.