PUEBLA, Pue. (apro).- Un juez vinculó a proceso a los cuatro detenidos como presuntos responsables del percance en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.
En una audiencia realizada en la Casa de Justicia de Cholula, el juez reconoció que el peritaje presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre las causas del percance no es concluyente, pero aun así determinó vincular a proceso a Juan Antonio N., propietario de la empresa Rotor Flight Service, encargada del mantenimiento de la aeronave, y a tres trabajadores de la misma: Ricardo N., María Magdalena N. e Israel N.
Los delitos que se les imputan son: homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad en declaración.
El juez dio un plazo de más de tres meses –hasta el 11 de abril-- para la presentación de pruebas, y dictó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro detenidos ante la supuesta posibilidad de que puedan evadir la justicia.
José Antonio, propietario del taller encargado del mantenimiento del helicóptero modelo Agusta, matrícula A109S XA-BON, está recluido en el penal de San Miguel, y sus trabajadores fueron trasladados al reclusorio de Huejotzingo.
Afuera de la Casa de Justicia de Cholula, familiares de los detenidos se manifestaron con pancartas, en las que destacaron que son “inocentes” y “chivos expiatorios”, pues no hay elementos para inculparlos por la caída de la aeronave, el 24 de diciembre de 2018.
La Fiscalía General del estado dio a conocer que este martes detuvo a un supuesto quinto implicado en el percance, otro técnico del taller.
“Personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla aprehendió a Miguel N., quien también labora en Rotor Flight Services, firma relacionada con el funcionamiento de la aeronave en la que viajaban cinco personas que perdieron la vida, entre ellas la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
“Miguel N. tendrá que responder por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad”, agregó.