A dos días del inicio de las campañas electorales, la candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada a título de autora.
El juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez vinculó a proceso a tres exlegisladores acusados de recibir de manera ilícita dinero del gobierno de César Duarte Jáquez como parte de la nómina secreta, por el delito de cohecho en consumación continuada como autores.
Los tres enfrentarán el proceso en libertad con la prohibición de salir del país, una garantía de 500 mil pesos y no se pueden acercar a los testigos, de acuerdo con la causa penal 2821/2020.
Los tres imputados son:
María Eugenia Campos, quien fue subcoordinadora de la bancada panista y secretaria de la comisión de fiscalización en la legislatura 2013-2016 y actualmente es alcaldesa de Chihuahua con licencia y candidata por su partido.
Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien era el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, también durante el último trienio duartista, de 2013 a 2016.
Y María Ávila Serna, presidenta del Partido Verde Ecologista de México desde su fundación en la entidad, esposa del diputado local Alejandro Gloria señalado en el proceso de cobrar dinero a nombre de la exdiputada. Ella fue diputada en la misma legislatura que los otros dos imputados.
La panista es acusada porque presuntamente recibió más de 9 millones de pesos para ella y para el excoordinador de la bancada panista, César Jáuregui Moreno, entre 2014 y 2015. Él es el actual secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.
A De la Rosa se le acusa de recibir 2.5 millones de pesos y María Ávila, por recibir 3.8 millones de pesos
Anoche, al concluir la audiencia de vinculación a proceso después de dos días de dar inicio, el PAN ratificó a Campos Galván como su candidata, toda vez que no pierde sus derechos políticos, mientras que el PVEM se deslindó del comportamiento de algunos de sus militantes y anunció cambios en la estructura del partido local.
En un comunicado de prensa, el delegado nacional del PVEM, Manuel Barrera Guillén informó que desde hace meses iniciaron cambios en el partido con nuevas caras y que lo que haga “algún miembro” de ese partido es responsabilidad de sí mismo, “por lo que deberán atender las consecuencias de manera particular y ante las instituciones judiciales”.
La candidata a la gubernatura por el PVEM, Brenda Francisca Ríos Prieto, quien también fue legisladora durante el gobierno de Duarte, pero en el primer trimestre, también se deslindó de los actos de otros militantes.
“Confió en las instituciones de justicia y en el estado de derecho, por tanto, quien tenga pendientes con la justicia que los aclare”.
Cómo operaban
En la caja fuerte de la tesorería de la Secretaría de Hacienda estatal localizaron 190 recibos firmados por los beneficiarios de manera presuntamente irregular y encontraron además 306 recibos firmados por pagos de esos recursos. Los recursos correspondían a la cuenta 166143970 de BBVA Bancomer a nombre de la Secretaría de Hacienda.
Del monto total, 74 millones 976 mil 677 fueron derogados en el 2014 y más de 97 mil pesos en el 2015, cuando los tres imputados eran legisladores del último trienio de César Duarte.
Entre los pagos de la nómina secreta también están señalados priistas que lo utilizaron para las elecciones en Chihuahua y otras entidades del país, con un monto estimado de 95 millones. El PRI en el estado recibió 3 millones 671 mil pesos, quien era presidente estatal, Pedro Mauli Romero, quien ya fue sentenciado.
Otras personas que aparecen en la nómina secreta son: La ex dirigente del PRI nacional, Beatriz Paredes Rangel, Christopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI nacional que está procesado y preso por la misma causa; Pavel Aguilar, exdirigente del PRD; Graciela Ortiz González, exfuncionaria duartista y candidata a la gubernatura por el PRI; Hortensia Aragón Castillo (regresó 300 mil pesos), exlegisladora del PRD; el director de El Heraldo de Chihuahua de la OEM, Javier Contreras Orozco (regresó 10 millones de pesos); Cruz Pérez Cuéllar, senador por Morena y exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano (tiene proceso de desafuero).