Un día después que el presidente argentino Alberto Fernández presentara el proyecto de ley para legalizar el aborto, activistas a favor y en contra se manifestaron el miércoles en simultáneo frente al Congreso en una muestra de las tensiones sociales que provoca la iniciativa y que vuelven incierto el resultado de la votación.
La avenida sobre la cual se sitúa el acceso principal al Poder Legislativo fue el escenario de la puja entre verdes y celestes, los colores que identifican a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo de distintas organizaciones de mujeres, y del otro a los grupos de católicos que defienden la vida del niño por nacer.
El presidente Alberto Fernández anunció el martes en un mensaje grabado y difundido por Twitter el envío al Congreso de un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, donde según el mandatario cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados.
El proyecto establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14. Fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo solo si el mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la gestante, tal como está previsto en la legislación vigente.
“Aborto legal 2020. Es urgente”, advertía una extensa bandera verde con letras en blanco sostenida por mujeres jóvenes que usaban pañuelos también verdes como tapabocas para protegerse del coronavirus.
En un número menor, los “celestes” levantaban pancartas de presuntos fetos ensangrentados víctimas de aborto y escrita en letras negras la frase: “Bebés abortados, ellos no tuvieron derechos”.
Un hombre con una casaca de la selección argentina y un pañuelo celeste en la muñeca izquierda sostenía una cruz de madera con un feto de plástico ensangrentado.
Entre un grupo y el otro se apostaron varios agentes de policía para evitar disturbios.
Argentina, el país natal del papa Francisco, penaliza a las mujeres y a quienes las ayuden a practicarse un aborto. Las únicas excepciones que contempla la ley son en caso de violación o riesgo para la salud de la madre.
La despenalización del aborto tuvo su mayor avance en 2018 cuando obtuvo una histórica media sanción en la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado tras un debate parlamentario que duró semanas, llevando al extremo la presión que ejercieron sobre los legisladores el movimiento feminista y grupos religiosos, en especial católicos y evangelistas.
Aunque el Parlamento se renovó, la paridad entre legisladores verdes y celestes se mantiene. Si tal como sucedió en 2018 los partidos dan libertad de acción a los congresales, todo parece indicar que la legalización del aborto será aprobada en Diputados durante el periodo de sesiones extraordinarias. En cambio, el resultado de la votación en el Senado es incierto.
Por tratarse de un proyecto del Poder Ejecutivo es de esperar que la vicepresidenta y titular de ese cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, sea quien lleve adelante las negociaciones para aprobar la ley. El problema es que varios senadores oficialistas, como el propio jefe de bloque José Mayans, se manifestaron en contra del aborto.
“La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”, sostuvo el presidente Fernández entre los argumentos para impulsar la legalización de aborto.
Uno de los puntos novedosos del proyecto es el reconocimiento al derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero les impone la obligación de derivar a la paciente “en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”.
El médico no podrá negarse a realizar el aborto cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y se requiere atención médica inmediata e impostergable. Si el médico no cumple con estas obligaciones será reprimido con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Inglaterra, Austria, Irlanda, China, Cuba, Puerto Rico y Uruguay, así como la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y Guayana Francesa son algunos de los países con aborto legal.