El Gobierno federal, indica, ofrece financiamiento a las instituciones públicas del sector con base en el número de estudiantes y de personal, en las tendencias históricas y en las negociaciones individuales, y no con base en su calidad, programas de estudio, nivel de contribución al desarrollo económico del país y vinculación con el mercado laboral.
En la nueva Ley General de Educación Superior, expedida en 2021, apunta, no se observan cambios sustanciales en la forma de asignar los recursos federales ni en el establecimiento de un sistema de evaluación de la calidad.
En la nota "Recursos Federales para la Educación Superior y de Posgrado, enero-diciembre 2021", el CEFP indica que el año pasado se aprobaron para el sector 174 mil 364 millones de pesos, lo que representó 3.8 por ciento del total del gasto programable, lo cual, alerta, resulta muy bajo si se considera que 64.9 por ciento de la población matriculada corresponde a instituciones públicas. El 78.6 por ciento de los recursos federales, detalla, se concentra en el Ramo 11 Educación Pública, en el que se ubican instituciones de gran envergadura como la UNAM y el IPN.
El resto se distribuye entre los restantes ramos, cuyos programas educativos se concentran en áreas específicas, como en el caso del Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural y el 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al cierre del año, se registró un gasto pagado superior en 4.8 por ciento respecto al aprobado anual; sin embargo, respecto al presupuesto modificado se erogó un monto inferior en 0.6 por ciento. Se dejaron sin ejercer mil 35 millones de pesos, de los cuales 674 millones correspondieron al Ramo 38, básicamente, en el Programa Presupuestario S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", en el que se dejaron sin ejercer 619 millones.
Además de ser reducido, respecto a la cantidad de alumnos matriculados en instituciones públicas, señala el CEFP, el financiamiento público para educación superior y de posgrado se concentra en áreas de formación en ciencias sociales y humanidades.
"En la actualidad, ante la ausencia de mecanismos que proporcionen niveles diferenciados de financiamiento público para campos de estudio y niveles de estudio distintos, las instituciones de educación superior en México tienden a ofrecer programas que tienen mayores probabilidades de atraer una alta matriculación y que son menos costosos en cuanto a personal e infraestructura", apunta. "Resulta evidente que, dado el tamaño, diversificación y complejidad de los actuales sistemas de educación superior y de posgrado del País, se requiere la introducción de mecanismos estandarizados de gestión de la calidad educativa, así como la promoción de áreas de estudio científicas y tecnológicas", subraya.