NACIONES UNIDAS.— El jefe del organismo de Naciones Unidas que investiga los crímenes más graves cometidos en Myanmar dijo que las evidencias preliminares recopiladas desde que el ejército tomó el poder el 1 de febrero muestran un ataque generalizado y sistemático contra civiles “que equivale a crímenes de lesa humanidad”.
Nicholas Koumjian dijo a reporteros en la ONU que el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar que dirige ha recibido más de 200.000 comunicaciones desde que el ejército asumió las riendas del país y ha recopilado más de 1,5 millones de pruebas que están siendo analizadas “para que un día los principales responsables de los graves delitos internacionales en Myanmar sean llevados ante la justicia”.
Al determinar que los crímenes contra civiles parecían ser generalizados y sistemáticos, apuntó que los investigadores identificaron patrones de violencia: una repuesta comedida por parte de las fuerzas de seguridad ante las protestas en las primeras seis semanas tras el alzamiento seguido de “un repunte de la violencia y el uso de métodos mucho más violentos para anular a los manifestantes”.
“Esto estuvo ocurriendo en distintos sitios al mismo tiempo, lo que nos indica que sería lógico concluir que se trata de una política central”, agregó Koumjian. “Y, además, vimos que se atacó a grupos en concreto, especialmente en arrestos y detenciones que parecen haberse realizado sin el proceso legal. Y esto incluye, por supuesto, periodistas, trabajadores de la salud y rivales políticos”.
Durante cinco décadas, Myanmar languideció bajo un estricto gobierno militar que provocó aislamiento y sanciones internacionales. A medida que los generales aliviaron su control y la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ascendió al liderazgo en las elecciones de 2015, la comunidad internacional respondió levantando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en la nación asiática.
El golpe del 1 de febrero siguió a las elecciones de noviembre en las que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, ganó por una abrumadora mayoría y que los militares rechazan al calificarlas de fraudulentas. Desde la sublevación, Myanmar se ha visto sacudido por los disturbios, con las manifestaciones pacíficas contra los generales gobernantes tornándose primero en insurgencia de bajo nivel en muchas zonas urbanas luego de que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza letal, y después en combates más graves en zonas rurales, especialmente en regiones fronterizas donde las milicias de minorías étnicas han librado intensos combates con las fuerzas gubernamentales.
Christine Schraner Burgener dijo a The Associated Press poco antes del final de su mandato de tres años y medio como enviada especial de la ONU para Myanmar el 31 de octubre que la “guerra civil” se había expandido por todo el país.
Según Koumjian, su equipo ha estado recolectando pruebas de una amplia gama de fuentes incluyendo individuos, organizaciones, empresas y gobiernos, y entre las evidencias hay fotografías, videos, testimonios y publicaciones en redes sociales “que podrían ser relevantes para mostrar que los delitos ocurrieron y quién es el responsable de esos delitos”.
“Todo lo que estamos haciendo es recopilar evidencias de la peor violencia y, con suerte, enviar un mensaje a sus autores: ‘Si comete esto corre el riesgo de que se le haga rendir cuentas’”, declaró Koujian.