El gobierno de México hizo oficial el cierre del penal federal de máxima seguridad número 3, Noreste, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. En la cárcel se había invertido más de 200 millones de pesos en obras de ampliación durante los últimos 5 años.
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) notificó la decisión y en semanas próximas determinará el destino final del inmueble, localizado en el ejido Santa Adelaida.
En diciembre de 2015, la Policía Federal (PF) desalojó a los 871 presos de la prisión federal de Matamoros, que fue inaugurada el 29 de junio de 2000. En abril de 2016, la Segob anunció las remodelaciones de los los penales federales más viejos del país: 1 Altiplano, Occidente, 2 Occidente, 3 Noreste y 4 Noroeste.
En los 3 años finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación destinó más de 213 millones 364 mil 928 pesos en la rehabilitación de 12 mil 500 metros cuadrados, de acuerdo al proyecto ejecutivo que entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La obra cayó en una situación de opacidad completa por parte de la Segob, a cargo del hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong. En junio de 2017, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (SITRACE), Luis Medina Hernández, afirmó que los trabajos se realizaban pausadamente por las especificaciones de máxima seguridad.
“La generación de empleo y la derrama económica es buena para los trabajadores, sin embargo se avanza lento por los paros que se hacen por el nivel de seguridad”, dijo Medina Hernández.
Parte de las edificaciones del proyecto de obra era un cuartel para 400 elementos de la Policía Federal (PF) y 200 custodios, en una superficie de 9 mil 831 metros cuadrados. Se desconoce si dichos edificios se concluyeron.
Con esta acción, es el cuarto penal federal que es desincorporado durante el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los otros son el penal de las Islas Marías, el de Huimanguillo, Veracruz; y el penal de Puente Grande, Jalisco.
FIRMAN ACUERDO
Dicho acuerdo fue firmado por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, en suplencia por ausencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
En los considerandos, dicho acuerdo advierte que es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna.
Ese artículo, señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.