Con el riesgo de que pierda la acreditación máxima que le otorgó en 2011 la Southern Association of Colleges and Schools-Comisión on Collages (SACSCOC), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es disputada por dos patronatos y dos rectores que se acusan mutuamente de cometer ilegalidades.
El viernes 9, tras 10 días de la toma del campus de la universidad bajo una orden judicial y con el apoyo de decenas de granaderos, el patronato designado por el gobierno de Puebla destituyó a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector y nombró en su lugar al experredista Armando Ríos Piter, El Jaguar, amigo y asesor de confianza del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Adalberto Ramos Huerta, secretario del nuevo patronato, justificó que era inminente la remoción de Derbez Bautista, tras las denuncias presentadas en su contra por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, administración fraudulenta y robo de documentos. Y con premura nombraron un interino supuestamente para dar “certidumbre” a la institución académica.
Derbez Bautista advirtió todo el tiempo que seguía siendo rector. El viernes 16 dio a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla otorgó una suspensión provisional que confirma al anterior patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa y deja sin validez al nuevo órgano que nombró la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.
Con esta resolución pidió al patronato presidido por Horacio Magaña Martínez entregar el control del campus de la institución, así como de las cuentas bancarias y advirtió que quedaban sin efecto todas las decisiones tomadas por ese órgano, entre ellas la designación de Ríos Piter.
Horas después Rodrigo Gurza Cárdenas, abogado del patronato avalado por el gobierno de Puebla, anunció que impugnarán esa resolución ante el Tribunal Colegiado de Circuito y dio por hecho que Ríos Piter seguirá al frente de la UDLAP.
Acusó a Derbez de pretender distraer la atención pública luego de que en las próximas horas podría ser detenido Virgilio Rincón, abogado del patronato destituido y socio del panista.
En su cuenta de Twitter, Ríos Piter emitió un mensaje en el que aún se asume como rector y lo acompañó de una foto en la que aparece en el campus de la universidad.
En tanto, Derbez aseguró que la institución ya fue requerida por la SACSCOC, principal acreditadora de los estándares de calidad educativa que brinda la UDLAP, para que informe sobre la situación que atraviesa.
Las autoridades universitarias han manifestado su preocupación de que la acreditación nivel VI otorgada por esa institución estadunidense a la UDLAP sea cancelada por el conflicto en el que está inmersa.
DESBARAJUSTE ADMINISTRATIVO
En los hechos, la UDLAP ha operado con dos rectores en la última semana, pues si bien Ríos Piter ha tenido el control del campus de la exhacienda de Santa Catarina Mártir, de los archivos y del personal operativo, Derbez ha continuado al mando del cuerpo docente y administrativo, así como de la plataforma para la impartición de clases en línea del Ciclo Verano II.
El patronato nombrado por el gobierno de Puebla se ha mantenido igual en las instalaciones de la universidad, donde lleva a cabo auditorías, mientras que el anterior órgano, que tiene entre sus integrantes a tres de los hermanos Jenkins de Landa, quienes cuentan con dos órdenes de aprehensión vigentes, no ha aparecido públicamente y sólo se ha pronunciado a través de comunicados.
Ambas partes en conflicto tuvieron que llegar a un acuerdo el miércoles 14 para pagar en tiempo la nómina de la casa de estudios, pues Ríos Piter admitió que no contaba con información sobre el personal, ni con tokens de las cuentas bancarias para la llevar a cabo la dispersión de pagos, datos que tenía en su poder la Dirección General de Recursos Humanos, que se negaba a entregarlos.
Logran acuerdo
Ambas partes en conflicto tuvieron que llegar a un acuerdo el miércoles 14 para pagar en tiempo la nómina de la casa de estudios, pues Ríos Piter admitió que no contaba con información sobre el personal, ni con tokens de las cuentas bancarias para la llevar a cabo la dispersión de pagos, datos que tenía en su poder la Dirección General de Recursos Humanos, que se negaba a entregarlos.
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