Hace más de tres años miembros de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los hijos de Érika Arredondo y María del Rosario Navarro; desde entonces no tienen noticias de ellos.
Ambas consideran un “sinsentido” e “insuficiente” el acto de disculpa pública llevado a cabo el martes 13 como parte del cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las graves violaciones a derechos humanos cometidas por personal naval en agravio de 27 personas.
El acto protocolario en la plaza Primero de Mayo de la ciudad fronteriza fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. En él participaron el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Semar, Ramiro Lobato Camacho, así como representantes del gobierno municipal y estatal.
Ante familiares de las víctimas de hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, el funcionario de la Semar admitió que ninguna palabra “podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas”; consideró que “es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que les brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados”, y ofreció la colaboración institucional para agotar las indagatorias “hacia el pleno acceso a la justicia, por el bien de México”.
Como la autoridad del gobierno federal de más alto rango en el evento, Encinas Rodríguez abogó por terminar con la impunidad “si queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones”, alentando a que el Poder Judicial “cumpla con su responsabilidad” para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la no repetición de los hechos.
Érika y María del Rosario son madres de Julio César Viramontes Arredondo y Juan Carlos Pérez Navarro, dos de los tres casos en los que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente la Fiscalía General de la República (FGR), encontró indicios suficientes para judicializarlos.
LAS INERCIAS
Durante los tres primeros días de la detención de Julio César, la geolocalización de su celular lo ubicó en las dos bases de operaciones que tenía la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar en Nuevo Laredo; la última vez, en la carretera a Nuevo León, entidad donde el grupo de élite de la Marina tenía otra base de operaciones, en el municipio de Colombia.
“Por la desaparición de mi hijo hay 11 marinos detenidos, entre ellos un mando, Salvador Gerónimo Ramírez, pero ninguno ha dicho qué hicieron con mi hijo. Hay uno que sí reconoce el accidente, que se llevaron a mi hijo, que lo llevaron al cuartel de la (avenida) Leona Vicario, que estuvo ahí hasta el martes (20), luego que el miércoles lo llevaron al cuartel del Laguito (a las afueras de Nuevo Laredo), que el jueves lo sacaron de ahí pero que él ya no supo a dónde lo llevaron”, asegura Arredondo.
Al término del acto protocolario del martes 13, dice, en reunión privada con el subsecretario Encinas, ella y María del Rosario le reiteraron la exigencia de dar con el paradero de las víctimas de la Marina en 2018.
COINCIDEN EN ENTREVISTA
Escépticas, después de más de tres años de exigir la presentación de sus hijos, las mujeres coinciden, en entrevistas por separado, en que la disculpa pública no alivia su pesar.
“Una disculpa pública no sirve de nada. ¿Que hacen historia porque nunca lo habían hecho? ¡Que hagan historia regresando a nuestros hijos! ¡Que hagan historia buscándolos, encontrándolos! Que me regresen a mi hijo. Para mí eso sí sería hacer historia”, dice Érika Arredondo.
Ella no tiene noticias de su hijo Julio César desde el 19 de febrero de 2018, luego de que el joven, que entonces tenía 23 años, fuera detenido por marinos que embistieron el vehículo en el que viajaba como copiloto.
El pacto de muerte
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), representante legal de las familias de los desaparecidos, advierte que, de manera informal, han recibido información de personas cercanas a marinos en torno a “que hay un pacto de muerte, un pacto de silencio en la Unidad de Operaciones Especiales, para que ningún marino de los que estuvieron en Nuevo Laredo proporcione información a la CNDH, a la FGR y a la propia Semar sobre lo que pasó entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Les dicen que no colaboren en las investigaciones, so pena de muerte para ellos y sus familiares; necesitamos romper ese pacto de muerte”.
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