El expresidente Felipe Calderón Hinojosa no solo estaba al mando del primer gobierno del mundo en comprar el spyware Pegasus a la empresa NSO Group: es incluso posible que haya asistido personalmente a una demostración de esta poderosa herramienta tecnológica, realizada por el empresario tapatío de origen japonés José Susumo Azano Mantsura.
Un correo electrónico enviado por un intermediario a los fundadores de NSO Group el 25 de mayo de 2011 indicó que Azano había pactado ya las fechas para enseñar Pegasus al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, y a Calderón.
“El Sr. Azano me notifica que la demo al Secretario de la Defensa y el Presidente se llevará a cabo el próximo viernes”, planteó Efran Resheff –el autor del correo electrónico--, y abundó: “Me llamaron después de la confirmación, y me pidieron que hiciera lo mejor posible para estar ahí el martes, ya que el Secretario de la Defensa pidió una demostración un día antes (el jueves) y para el Presidente el viernes”.
Este correo forma parte de algunos archivos que fueron entregados por el empresario Matan Caspi –o Caspy-- a la justicia de Israel en el marco de una demanda que interpuso el empresario israelí Udi Oren contra Caspi y Resheff en 2015, por una disputa sobre comisiones en la venta de Pegasus.
No se sabe si Calderón estuvo presente o no en la demostración. El expresidente no contestó a una solicitud de comentario enviada ayer a su teléfono personal. Sin embargo, el primer negocio de NSO Group sí se concretó: Azano, a través de su empresa Security Tracking Devices, vendió a la Sedena un sistema completo de Pegasus en julio de 2011, por un costo total de 5 mil 628 millones de pesos.
El sistema incluía 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos y sistemas de almacenamiento, módulo central y una capacidad para monitear 400 dispositivos BlackBerry, 100 Android y 100 Symbian, más otros sistemas de señales satelitales, procesadores y estaciones remotas móviles de comunicación, según reportó en su momento la revista Contralínea.
“Aunque no me sorprende, me sigue pareciendo una injustificable violación a los derechos más elementales de libertad y privacidad (…) es inaceptable, en cualquier caso, un signo ominoso y opresivo que dibuja vocaciones dictatoriales y antidemocráticas”, dijo Calderón cuando se le informó que su número aparecía entre las más de 15 mil personas que agencias del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvieron como blancos del spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El expresidente fue víctima del sistema que su gobierno fue el primero del mundo en adquirir, y que la administración siguiente utilizó de manera arbitraria, seleccionando en sus plataformas Pegasus los números de destacados periodistas y defensores de derechos humanos, así como a cientos de actores políticos de oposición, gobernadores e incluso algunos importantes militantes del PRI, como lo revelaron Proceso y otros 16 medios de comunicación participantes en la investigación internacional Pegasus Project en julio pasado.
Intermediarios
El juicio del que salió el correo electrónico, radicada en un tribunal de Tel Aviv, revela el origen del contrato que NSO Group obtuvo en México --el primero desde su fundación, en 2010--, que como es común en estos casos involucró a turbios intermediarios, empresarios tramposos y comisiones jugosas.
Uno de los actores centrales de la trama fue el estadunidense Elliott Broidy, un empresario turbio, especialista para levantar fondos, entre otros para el Partido Republicano y el expresidente Donald Trump, tanto dentro como fuera de los márgenes de la ley, y para vender material de seguridad en Centro y Sudamérica.
Evidencias del juicio, reportadas por el medio estadunidense The Daily Beast el pasado 3 agosto, muestran que Mata Caspi se comunicó con Broidy en 2010, con quien había trabajado para en su firma Broidy Capital Management.
Por estas fechas, Broidy estaba en la espera de una sentencia en su contra, después de confesar que había ofrecido un millón de dólares de regalos a un funcionario del fondo de pensión de Nueva York a cambio de una inversión de 250 millones de dólares en su firma. Posteriormente, el hombre estuvo involucrado en otros escándalos de corrupción y de cabildeo en la administración de Trump para sus clientes; el magnate ordenó que desaparecieran los cargos en su contra en sus últimos días como presidente de Estados Unidos.
Juntos, Broidy y Caspi ya habían vendido material tecnológico a México, señala el reportaje. Caspi había escuchado sobre NSO de Eric Banoun, su socio en la empresa vendedora de tecnología de seguridad cibernética Rayzone Group.
En octubre de 2010, Caspi, Banoun y Broidy se reunieron en Los Ángeles, y discutieron sobre las posibilidades de vender Pegasus al Ejército mexicano; en ese entonces, la tecnología permitía tomar el control de los celulares BlackBerry y de su complejo servicio de mensajería encriptada.
Banoun era ya un hombre conocido en el sector de las tecnologías de espionaje israelíes en México. En 2008, era gerente de ventas de la empresa Nice Systems, que vendió el sistema de espionaje NiceTrack a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces dirigida por Genaro García Luna.
Seducido por la oferta de sus interlocutores, Elliott Broidy se comprometió a “usar sus conexiones para promover ese negocio” en México, de acuerdo con una declaración que Caspi rindió ante la justicia de Israel.
En abril de 2011, Caspi incluso arregló una reunión en las oficinas de Broidy en Los Ángeles, a la cual acudieron Shalev Hulio y Omro Lavie, los fundadores de NSO Group, que en aquel tiempo no había vendido un solo sistema Pegasus. Durante este encuentro, el estadunidense trató de cerrar el negocio directamente con los dueños de la empresa y de dejar fuera a Caspi y Banoun, quiénes metieron a Resheff en la negociación, según reportó el medio Calcalist en febrero de 2020.
Con Resheff de por medio, el negocio con el gobierno de Calderón se cerró entre NSO Group y la Sedena –mediante Susumo Azano como intermediario--, y Broidy quedó fuera. De acuerdo con The Daily Beast, en el juicio que se está llevando a cabo en Tel Aviv aparece un contrato en el que Azano compró los derechos exclusivos para distribuir los productos de NSO Group hasta finales de 2012 a cambio de 500 mil dólares.
Banoun, por su parte, tenía desde diciembre de 2010 entonces un contrato con NSO Group que le garantizaba una comisión de 10% sobre la venta de Pegasus a México.
Poco antes de la firma del contrato con la Sedena, Shalev Hulio envió a Azano un folleto en el que promovió su producto, al que presumió como “una solución de monitoreo quirúrgico de actividades en BlackBerry para el uso exclusivo de Gobiernos y Agencias Policiacas y de Inteligencia; el sistema introduce una herramienta de monitoreo de BlackBerry poderosa y única, que permite monitorear y extraer información a distancia y de manera secreta de celulares a través de comandos invisibles e irrastreables”.
En aquel entonces, el programa permitía lanzar “agentes Trojan” en el aparato para acceder –según el modelo del teléfono-- a los mensajes de texto, la lista de contactos, los calendarios, los correos electrónicos, en algunos casos la intercepción de comunicaciones y el uso del micrófono del aparato y la geolocalización, pero dejaba también a la agencia la posibilidad de sacar fotografías, manipular el sistema e incluso destruir el sistema operativo del celular.
“Nuestro sistema de gestión es intuitivo y diseñado para el trabajo a diario, mientras permite a los operadores del usuario definir sus métodos preferidos, sus reglas y eventos de interés”, le prometió.
El contrato entre Azano y la Sedena fue el primero de una larga y profunda relación entre NSO Group y México: al concluirse el sexenio de Calderón, el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa de manera masiva, específicamente el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), controladas por Eugenio Imaz Gispert y Tomás Zerón de Lucio, respectivamente.
Azano fue detenido en 2014 en Estados Unidos, acusado por el FBI de inyectar 600 mil dólares de manera ilegal en contribuciones al entonces futuro alcalde de San Diego.