La National Collegiate Athletic Association (NCAA) esperó casi un año para emitir una advertencia de que todavía hay reglas qué seguir ahora que los atletas universitarios pueden ganar dinero con su fama, lo que generó especulaciones de que podría haber medidas enérgicas contra las escuelas y promotores que las rompan.
Pero la NCAA no es la única organización reguladora que se quedó callada mientras millones de dólares comenzaron a volar entre los atletas universitarios. 24 estados tienen leyes con respecto a la compensación de los atletas, todas aprobadas desde 2019. Varios prohíben específicamente el tipo de pago por juego y los tratos de incentivo de reclutamiento que la NCAA aún proscribe y que preocupan a los críticos del nuevo sistema.
Sin embargo, esos estados no han mostrado interés en cuestionar o investigar las escuelas, los contratos o los grupos de terceros que los orquestan. Incluso si lo hicieran, hay poco marco legal sobre cómo lo harían.
Texas y Florida, dos estados con importantes programas universitarios de fútbol americano y baloncesto, prohíben los contratos de pago por juego y el uso de acuerdos para atraer reclutas al campus. Pero ninguno de los estados estableció mecanismos para investigar o castigar a una escuela, organización o agente sorprendido infringiendo las reglas.