AUSTIN, Texas
Un juez de distrito estatal del condado de Travis ordenó al Departamento de Seguridad Pública que divulgue los registros policiales relacionados con el tiroteo escolar de 2022 en Uvalde, más de un año después de que un consorcio de organizaciones de noticias presentara una demanda por acceso .
La jueza del Tribunal Civil 261 de Distrito, Daniela Deseta Lyttle, ordenó al DPS cumplir con 28 solicitudes de registros presentadas por las organizaciones de noticias, que incluyen The Texas Tribune y ProPublica, sujetas a censuras como información personal de los agentes de policía y a difuminar los rostros de las víctimas menores en fotografías de la escena del crimen.
Los archivos arrojarían luz sobre la desastrosa respuesta policial de ese día, en la que los agentes esperaron más de una hora para confrontar al tirador después de enterarse de que tenía un rifle estilo AR-15.
Lyttle emitió una orden preliminar en junio; la emitida el martes es la sentencia definitiva. Requiere que el DPS proporcione los registros solicitados dentro de los 20 días, a menos que la agencia de policía estatal apele el fallo.
"El DPS prometió revelar los resultados de esta investigación una vez que se completara", dijo Laura Prather, abogada de derecho de medios de Haynes Boone que representa a las organizaciones de noticias. "Se completó en febrero y todavía no han dado ninguna respuesta a estas familias".
DPS no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.
Prather dijo que una apelación probablemente limitaría la capacidad de las familias de las víctimas de presentar demandas federales alegando que la policía había cometido violaciones de derechos civiles. El plazo de prescripción de esas quejas, formalmente llamadas reclamaciones de la Sección 1983, es de dos años.
"Impide que (las familias) tengan la evidencia que necesitan", dijo Prather.
La agencia de policía estatal había argumentado anteriormente que la divulgación de registros podría interferir con las investigaciones en curso sobre el tiroteo, aunque el DPS dijo que había completado su informe inicial sobre el tiroteo y se lo entregó al fiscal de distrito del condado de Uvalde.
La fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell, también se opuso a la divulgación de registros a las organizaciones de noticias. Ella argumentó que su liberación podría perjudicar su investigación sobre posibles cargos criminales que podría presentar con base en la investigación del DPS.