Odio racial en matanzas

CHICAGO, Illinois

Dos tiroteos separados por 3.218 kilómetros (2.000 millas) de distancia. Uno mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh. El otro mató a 23 en una tienda de la cadena Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ambos estuvieron motivados por el odio racial. Ambos involucraron a atacantes que después alegaron tener una enfermedad mental.

Sin embargo, a principios de este año, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) recomendó la pena de muerte sólo para el caso en Pittsburgh. Los miembros del jurado responderán pronto la pregunta más relevante: ¿Debe ser ejecutado Robert Bowers? El juicio de Bowers se encuentra en la fase de condena después de ser sentenciado en junio por el ataque antisemita de 2018.

El viernes pasado, un juez federal le dio a Patrick Crusius la sentencia máxima disponible por el ataque de 2019 en Walmart contra hispanos: cadena perpetua. Se declaró culpable después de que el DOJ retirara la posibilidad de recomendar la pena de muerte.

Las decisiones contrastantes en dos casos similares ilustran unas políticas de pena de muerte turbias, a menudo desconcertantes y aparentemente incongruentes del DOJ. La toma de decisiones del Departamento y los criterios que favorece también están envueltos en el secreto.

Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones y por quién?

Una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden fue la de abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Aunque él aún no ha dado pasos para cumplirla, su Departamento de Justicia ha realizado algunos cambios notables.

En 2021, Garland anunció una moratoria de las ejecuciones federales mientras se completa una revisión de los procedimientos de ejecución. No obstante, eso no impide que los fiscales busquen sentencias de muerte.

El DOJ también retiró el permiso para sentencias de muerte en 24 de los 29 casos autorizados por administraciones anteriores y el Departamento no ha autorizado penas de muerte para ninguna de las cerca de 400 nuevas acusaciones durante la presidencia de Biden que conllevaron sentencias capitales. No obstante, aún reflexiona sobre si recomendará la pena capital para Payton Gendron, un supremacista blanco que mató a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en 2022.

Una revisión de The Associated Press de archivos judiciales y guías del personal de la era del presidente Biden ofrece pistas sobre qué influye en las decisiones del Departamento de Justicia. Muestran que es más probable que el DOJ apruebe penas de muerte cuanto se trata de ataques racistas y terroristas y cuando las familias de las víctimas están de acuerdo.

Los cambios en la orientación del Departamento también especifican que las enfermedades mentales pueden servir en contra de la aprobación de penas de muerte, lo cual es diferente de la orientación de la era de Trump: al menos dos reclusos ejecutados durante el gobierno de Trump padecían enfermedades mentales graves.

La guía fue fundamental para la decisión de Crusius, y los abogados del Departamento aceptaron que el atacante tenía un trastorno esquizoafectivo. Rechazaron las afirmaciones de que los episodios psicóticos de Bowers apuntaban a la esquizofrenia.

En documentos judiciales de abril que explican su decisión sobre Bowers, el Departamento señaló que la mayoría de las familias de las víctimas querían que Bowers muriera si era condenado. 

El DOJ también intentó realizar una evaluación mental propia de Bowers antes de su decisión final sobre la autorización. La defensa se negó diciendo que los fiscales no les asegurarían que las declaraciones sobre el examen de Bowers no se usarían en el juicio. Los expertos en salud mental del gobierno tuvieron acceso a Bowers justo antes del juicio.

En respuesta a las críticas, el Departamento también negó que su decisión fuera incongruente con las relativas a Crusius y otros, y dijo que la masacre comentida por Bowers se destacó porque las víctimas, adultos mayores, eran particularmente vulnerables y porque el crimen ocurrió en una casa de culto. Al final el juez del caso Bowers estuvo de acuerdo.

Quienes rechazan la pena de muerte dicen que el Departamento de Justicia de Biden debe ser juzgado bajo el estándar de que Biden Biden mismo hizo una promesa y que debería oponerse a todas las ejecuciones, incluida la de Bowers.

Pero la culpa por el incumplimiento de la promesa de Biden de poner fin a la pena de muerte federal recae en la cadena de mando, señala Dunham.

"Si Joe Biden no quiere la pena de muerte federal, o está atorado con una y quiere que sea más justa, entonces él y (los designados políticos del) Departamento de Justicia deben tomar medidas para lograrlo", agrega.