El Paso, Texas
En medio del resurgimiento de políticas migratorias restrictivas, impulsadas por la administración del entonces expresidente Donald Trump, el condado de El Paso ratificó su compromiso de oposición a la Ley SB 4, una polémica medida estatal de Texas que permite a la policía local arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.
Durante la más reciente sesión de la Corte de Comisionados, la abogada del condado, Christina Sánchez, calificó a SB 4 como un "peligroso e inconstitucional exceso" que pone en riesgo la seguridad pública, socava la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades y vulnera los derechos de los gobiernos locales.
La Ley SB 4, conocida como la legislación de "muéstrame tus papeles", fue firmada en 2023 por el gobernador Greg Abbott, pero su implementación sigue bloqueada debido a desafíos legales, liderados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, grupos de derechos civiles y el propio condado de El Paso, entre otros. El caso está actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
"SB 4 fomenta el miedo, ataca injustamente a las comunidades inmigrantes y desvía recursos locales de prioridades críticas de seguridad pública", afirmó Sánchez en un comunicado.
"Independientemente de los cambios en la administración federal, continuaremos luchando por la justicia y los derechos de todos los miembros de nuestra comunidad," concluyó Sánchez, instando a las Cortes a proteger los principios de equidad e inclusión y a rechazar leyes, como SB 4.
Historial de oposición y contexto local
El condado de El Paso ha mantenido una firme postura contra las versiones anteriores de esta ley desde 2017. A pesar de la cooperación con agencias federales de inmigración, como aceptar órdenes de detención de ICE en cárceles locales, las autoridades locales consideran que SB 4 erosiona la confianza comunitaria y sobrecarga a los sistemas carcelarios del condado, cuya capacidad asciende a 2,800 reclusos.
El nuevo sheriff del condado, Oscar Ugarte, quien asumió el cargo el 1 de enero, también se opone a SB 4, sumándose a las críticas de su predecesor Richard Wiles. Ambos han señalado que esta medida podría generar tensiones adicionales en los recursos carcelarios y dificultar la colaboración entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.