Mientras miles de niños eran separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos durante una ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra los cruces ilegales, una abogada de oficio federal en San Diego se propuso encontrar nuevas estrategias para combatir la añeja ley de deportación que fomenta las separaciones familiares.
La defensa jurídica resultante, que Kara Hartzler ayudaría a redactar en los años siguientes —un trabajo que continuó incluso después de que en junio de 2018 un juez obligara a detener la práctica de separar a los hijos de los padres en la frontera entre Estados Unidos y México— no tenía precedentes.
Denunció que la Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —la cual determina que es un delito regresar ilegalmente a Estados Unidos después de la deportación, expulsión o admisión denegada— era racista y violaba los derechos a la igualdad en la protección garantizados por la Quinta Enmienda constitucional.
Y se convirtió en el marco legal para un fallo nunca antes visto en agosto de 2021 por parte de Miranda Du, jueza federal de distrito de Nevada. Ella derogó la ley tras determinar que era inconstitucional y discriminatoria contra los latinos cuando desestimó un cargo de reingreso ilegal contra el inmigrante mexicano Gustavo Carrillo López, aunque no bloqueó su aplicación, y los encausamientos no han cesado mientras el gobierno apela el caso.
En su fallo de 43 páginas, Du citó gran parte de la defensa jurídica de Hartzler.
“El expediente ante la Corte refleja que en ningún momento el Congreso ha confrontado las raíces racistas y nacionalistas de la Sección 1326”, escribió la jueza.
Hartzler, que durante la última década ha sido defensora de oficio federal en California, dijo que se quedó estupefacta tras enterarse del fallo.El caso, que podría sentar un precedente, ha estado en un limbo legal durante más de un año mientras un tribunal federal de California sopesa la apelación del Departamento de Justicia en defensa de la ley. A pesar del enfrentamiento en curso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el caso de Nevada ha puesto bajo los reflectores del país la historia poco conocida de la Sección 1326.
“Realmente es una ley mal entendida, cuando piensas en el grado al que está fundamentada en una ideología explícitamente racista y supremacista blanca”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project (Proyecto Nacional de Inmigración), una organización sin fines de lucro.
UN SIGLO DESPUéS RECONOCEN LA DISCRIMINACIÓNBlease, dijo Hernández, era un “orgulloso supremacista blanco” que abogaba por la segregación y defendía el linchamiento. “Eso por sí solo requiere algo de evaluación”, señaló.
Casi un siglo después, el Departamento de Justicia ha reconocido que la ley de 1929 estuvo motivada por el racismo. Pero en los argumentos orales ante el Noveno Circuito, un abogado del gobierno federal argumentó que revisiones posteriores —como la Sección 1326— hicieron que ya se apegue a la Constitución.
No obstante, el fallo señala que la revisión de 1952 que estableció la Sección 1326 había adoptado el lenguaje “palabra por palabra” de la legislación de 1929 y, desde entonces, las sanciones —que van desde ir a prisión hasta la deportación permanente— han sido endurecidas, al menos en cinco ocasiones.