HOUSTON — Un juez federal cuestionó si vivir en la pobreza sería suficiente para que una persona cubra los requisitos de una política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden que permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en total cada mes por motivos humanitarios.
Texas y otros 20 estados de tendencia republicana presentaron una demanda contra dicho programa, al que acusan de operar al margen de la ley y de dejar entrar a casi todos los que solicitan el ingreso.
El juez federal Drew Tipton dijo que una "gran parte del mundo" vive en la pobreza, y agregó que visitó Haití y vio de primera mano las terribles condiciones de vida allí.
"¿El hecho de que vivan en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente?", preguntó Tipton mientras se presentaban los argumentos finales en el juicio en Victoria, Texas.
"Creo que probablemente no", dijo Elissa Fudim, abogada del Departamento de Justicia, que defiende al gobierno federal en la demanda.
Esther Sung, abogada del Justice Action Center, uno de varios grupos defensores de derechos de los inmigrantes que apoyan al programa en la demanda, dijo que el Congreso "no ha visto con buenos ojos que se deje entrar a un migrante por razones puramente económicas".
Los abogados de Texas y otros estados dicen que el gran número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando dichos permisos en masa y no caso por caso como exige la ley.
Pero los abogados del Departamento de Justicia y grupos defensores de los inmigrantes argumentaron que las personas que emigran de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela no nada más huyen de las dificultades económicas, sino también de regímenes opresivos, de la escalada de violencia y de condiciones políticas que han puesto en peligro sus vidas.
Los partidarios del programa argumentan que este no aprueba en general a todos los que lo solicitan y que cada caso se revisa individualmente. Señalaron que el programa también ha ayudado a reducir la presión sobre los recursos y los agentes fronterizos en la frontera entre Estados Unidos y México.
Tipton también rechazó las afirmaciones de los abogados de Texas. Ellos plantearon que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes con permisos humanitarios.
El juez preguntó cómo Texas podría gastar más si los datos muestran que el programa en realidad ha reducido la cantidad de migrantes que ingresan a Estados Unidos.