DES MOINES, Iowa
Un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.
El juez de distrito Stephen Locher emitió la orden preliminar porque señaló que era posible que el Departamento de Justicia y grupos defensores de los derechos civiles que interpusieron una demanda contra el estado tuvieran éxito en sus argumentos de que la ley federal de inmigración tiene primacía sobre la ley que fue aprobada por los legisladores de Iowa hace unos meses.
Locher bloqueó la entrada en vigor de la ley “a la espera de procedimientos posteriores”. Brenna Bird, fiscal general de Iowa, dijo en un comunicado que apelará la decisión del juez.
“Como cuestión política, la nueva iniciativa podría ser defendible”, escribió Locher en su decisión. “No así como una cuestión de derecho constitucional”.
La ley de Iowa, que estaba programada para entrar en vigor el 1 de julio, permitiría que las autoridades policiales presentaran cargos contra personas con órdenes de deportación pendientes o que habían sido repatriadas o se les había negado admisión previa a Estados Unidos. Una vez detenidos, los migrantes tendrían la opción de aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados, y enfrentar posibles sentencias en prisión antes de ser deportados.
‘Entre las peores’Rita Bettis Austen, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Iowa, una de las organizaciones que interpuso la demanda, elogió la decisión del juez, diciendo que la ley le arrojaba una responsabilidad federal a la policía local, que no estaba preparada para asumir ese papel.
Bettis Austen dijo que la ley está “entre las peores leyes contra la inmigración en la historia de Iowa”, y agregó que “exponía incluso a los inmigrantes legales, e incluso a niños, a graves riesgos: arresto, detención, deportación, separación familiar y encarcelación, por parte del estado”.