Una pareja de Ohio trepó por una ventana rota del Capitolio de Estados Unidos y transmitió en directo un video de ellos en el interior. Un agente hipotecario de Texas posó para un selfie frente a los manifestantes que irrumpían en el edificio. La dueña de una peluquería de Indiana lo celebró en Facebook un día después de unirse a la turba de simpatizantes del expresidente Donald Trump.
Los fiscales federales no pidieron cárcel para ninguno de ellos después de que se declararan culpables de delitos menores por sus acciones el 6 de enero de 2021.
La jueza tenía otras ideas.
La jueza de distrito Tanya Chutkan los puso a todos tras las rejas, describiéndolo como el castigo apropiado por su participación en la revuelta que detuvo la certificación de la victoria del presidente Joe Biden, envió a los legisladores a correr por sus vidas y dejó a decenas de policías golpeados y ensangrentados.
A medida que el número de personas sentenciadas por delitos en la insurrección se acerca a 200, un análisis de Associated Press de los datos de las sentencias muestra que algunos jueces están divididos sobre cómo castigar a los alborotadores, en particular por los delitos menores derivados del ataque.
“Estamos pidiendo a los jueces que hagan lo que crean que es correcto, y no se ponen de acuerdo sobre lo que es correcto”, dijo Greg Hunter, un abogado que defiende a varios acusados del 6 de enero.