Una jueza federal desestimó el lunes el proceso contra el expresidente Donald Trump relacionado con la tenencia de documentos clasificados en Florida, fallando a favor de los abogados de la defensa según los cuales el fiscal especial del caso había sido asignado ilegalmente por el Departamento de Justicia.
Horas más tarde, la oficina del fiscal especial Jack Smith informó que apelaría la decisión, la cual podría revertirse en un tribunal superior. Al menos por ahora, el fallo de la jueza Aileen Cannon pone una abrupta y sorpresiva pausa a un caso penal que en su momento fue considerado como la amenaza legal más peligrosa a la que se enfrentaba el expresidente.
Aunque el caso había estado estancado, y la posibilidad de un juicio antes de las elecciones de noviembre era nula, la orden de la jueza es una enorme victoria legal y política para Trump mientras se recupera de un intento de asesinato este fin de semana y se prepara para aceptar la nominación republicana esta semana en Milwaukee.
Es el más reciente golpe de suerte en los cuatro procesos penales a los que se enfrenta Trump. Fue declarado culpable en mayo pasado en su juicio por pagos indebidos en Nueva York, pero su audiencia de sentencia fue aplazada después de la opinión de la Corte Suprema que les otorgó una amplia inmunidad a los expresidentes. Dicha opinión provocará grandes demoras en un caso contra Trump en el que se le acusa de conspirar para revertir su derrota electoral en 2020 ante el demócrata Joe Biden. Otro caso de subversión electoral presentado en Atlanta ha sido postergado por revelaciones de una relación personal entre la fiscal general del distrito y el fiscal especial que contrató para llevar el caso.
En su red social, Trump dijo que la decisión de desestimar el caso "debería ser sólo el primer paso" y que los otros tres casos, que calificó de "cacerías de brujas", también deben ser desechados.
El caso por documentos confidenciales era considerado como el de bases jurídicas más sólidas de los cuatro, tomando en cuenta la enorme cantidad de evidencia que, según la fiscalía, habían acumulado, incluido el testimonio de colaboradores cercanos y exabogados, y debido a que el asunto en cuestión ocurrió después de que Trump dejó la Casa Blanca en 2021 y perdió sus facultades presidenciales.
El acta acusatoria incluía decenas de cargos por acumular documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y por obstaculizar los intentos del FBI de recuperarlos. Se declaró inocente y negó haber cometido algún ilícito.