WASHINGTON, DC
La Corte Suprema mantuvo el lunes la suspensión sobre los esfuerzos en Texas y Florida para limitar las maneras en que Facebook, TikTok, X, YouTube y otras redes sociales regulan los contenidos colocados por sus usuarios.
Los jueces devolvieron los casos a instancias menores, tras litigios presentados por asociaciones de las empresas.
Si bien los detalles varían, ambas leyes buscan responder a quejas conservadoras de que las compañías de redes sociales tienen un sesgo liberal y censuran a usuarios con base en sus opiniones, especialmente si son de derecha. Los casos son unos de muchos en este período en que el máximo tribunal debate temas de cómo proteger la libertad de expresión en la era digital.
Las leyes en Florida y Texas fueron promulgadas por gobernadores republicanos luego que Facebook y Twitter (hoy X) expulsaron al expresidente Donald Trump por sus mensajes sobre el ataque realizado por partidarios suyos contra el Capitolio estadounidense en Washington el 6 de enero del 2021.
Asociaciones comerciales en representación de las compañías presentaron demandas en tribunales federales, denunciando que las leyes violaban el derecho a la libertad de expresión de las compañías. Un tribunal de apelaciones anuló la decisión de Florida, mientras que otro ratificó la de Texas. Pero ambas estaban en suspenso mientras la Corte Suprema debatía el asunto.
En un comunicado emitido cuando firmó la ley en Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que sería “una protección contra las élites del Silicon Valley”.
Cuando el gobernador Greg Abbott firmó la ley en Texas, dijo que era necesaria para proteger la libertad de expresión en lo que llamó la nueva plaza pública. Las redes sociales “son un lugar para un saludable debate público donde la información debe poder fluir libremente, pero hay un movimiento peligroso por parte de las compañías de redes sociales a fin de censurar puntos de vista e ideas conservadores”, dijo Abbott. “Eso está equivocado, y no lo permitiremos en Texas”.
Pero mucho ha cambiado desde entonces. Elon Musk adquirió Twitter y, aparte de cambiarle el nombre, eliminó muchos departamentos que se dedicaban a moderar los contenidos, permitió el regreso de usuarios antes vedados por discursos de odio y usó la plataforma para diseminar teorías conspirativas.
La administración del presidente Joe Biden se puso de parte de los denunciantes, aunque le pidió al tribunal emitir un fallo delimitado que mantenga la autoridad del gobierno de imponer regulaciones para proteger la competencia, preservar la privacidad de los usuarios y proteger los intereses de los consumidores. Los abogados de Trump introdujeron un recurso en el caso de Florida pidiéndole a la Corte Suprema ratificar la ley estatal.
EL SUPREMO Y LAS REDESLos magistrados ya decidieron mantener la exención de responsabilidad de las tecnológicas sobre los contenidos que publican sus usuarios en una sentencia dictada el pasado curso judicial. En este, también se habían pronunciado ya sobre otros litigios relacionados con las redes sociales. Primero, resolvieron una cuestión relativamente menor: el derecho de los cargos públicos a bloquear a otros usuarios en las redes sociales. Dictaron en marzo dos sentencias en las que por unanimidad concluyeron que un cargo público puede bloquear a sus seguidores si hace un uso personal de la cuenta, pero no si ejerce en ella su autoridad.
La semana pasada resolvieron otro caso en el que Estados liderados por los republicanos se enfrentaban al Gobierno de Biden para saber hasta dónde puede llegar la Administración para combatir las publicaciones controvertidas en las redes sociales sobre temas como la covid o la limpieza electoral. Un tribunal federal de apelaciones se puso del lado de los Estados al considerar que los funcionarios de la Administración coaccionaron inconstitucionalmente a las plataformas para limitar los puntos de vista conservadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno de Joe Biden no vulneró la libertad de expresión cuando instó desde diferentes instancias a retirar mensajes de desinformación en relación con la covid o las vacunas.
Por supuesto, el Gobierno no puede imponer a las redes sociales su propia política de moderación de contenidos ni obligar a retirar un mensaje u otro, pero las autoridades no encontraron que hicieran nada parecido a eso con sus mensajes de alerta sobre desinformación. (EL PAÍS)