CIUDAD DE MÉXICO.- La política migratoria mexicana está cada vez más militarizada, las Fuerzas Armadas son las que hacen mayor número de detenciones y muchas de ellas son arbitrarias, están basadas en el perfilamiento racial o han conllevado abusos, sobre todo de mujeres.
Estas son las principales conclusiones del informe presentado el martes por seis organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes en particular, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Según el informe, hay un despliegue desproporcionado de militares frente al número de agentes migratorios y son las Fuerzas Armadas las que realizan la mayor parte de las detenciones de migrantes aunque por ley deberían ser “mero auxilio”.
El documento recuerda que aunque la tendencia viene de antes de esta administración, la presión del expresidente Donald Trump en 2019 hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceleró el despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo teóricamente bajo mando civil pero que operativamente está bajo control militar y cuya mayoría de integrantes no tiene formación policial.
México optó entonces por cambiar al sociólogo que estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) por quien dirigía los penales del país.
Esta militarización se hizo más intensa con la colocación de militares en puestos estratégicos dentro de la propia estructura del INM, como publicó The Associated Press en septiembre de 2019.
Según el informe, esta situación ha conllevado abusos que han afectado, principalmente, a personas de origen africano y a mujeres y que muchas veces tienen lugar en controles de migración móviles, los cuales fueron considerados inconstitucionales por la Suprema Corte la semana pasada precisamente por ese motivo.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, subrayó la gravedad de que se utilice “la apuesta más letal de un país en contra de las personas más vulnerables” aunque confió en que tras el pronunciamiento de este mes, el poder judicial se convierta en un contrapeso en favor de los migrantes.
El documento pone también en evidencia la falta de claridad y las contradicciones entre las propias instituciones en cuanto a las detenciones, llamadas por las autoridades mexicanas “rescates” o “presentaciones”. Las cifras que ofrecen las instituciones armadas sobre detenciones en las que las participaron son, en algunos casos, hasta diez veces mayores que las que proporciona el INM.
Según los datos obtenidos por el sistema de transparencia, el documento afirma que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional detuvieron a más de 152.000 personas tan sólo en la frontera sur. Según los datos del INM, en ese mismo periodo fueron presentados unos 190.000 migrantes.
Felipe González, relator de la ONU para las personas migrantes, recordó durante la presentación del informe que la detención migratoria debe ser la excepción pero lamentablemente se ha extendido en el país al igual que la militarización lo que, a su juicio, tiene un impacto en el derecho al asilo y a la justicia.