NUEVA ORLEANS
Abogados que buscan salvar un programa de la presidencia de Barack Obama que protege de la deportación a miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños dijeron el miércoles ante una corte federal de apelaciones que ponerle fin a esa disposición trastocaría cruelmente las vidas de miles de personas que se han convertido en contribuyentes fiscales y ayudan a impulsar la economía del país.
Un abogado para Texas, estado que encabeza un intento por poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), alegó que los beneficiarios le han costado a la entidad cientos de millones de dólares en atención médica y otros costos.
Esas opiniones contrapuestas fueron planteadas ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans mientras afuera más de 100 partidarios del DACA portaban carteles, hacían sonar tambores y coreaban lemas, exigiendo la preservación del programa que ha amparado de la deportación a más de 600.000 personas y brinda a los inmigrantes una vía para la naturalización.
“Soy indocumentada y hoy hablaré claro”, afirmó Woojung “Diana” Park, de 22 años, de Nueva York. Dijo que la trajeron a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando tenía 1 año. El DACA, dijo, “es lo estrictamente mínimo que el gobierno estadounidense ha ofrecido a las comunidades de inmigrantes tras décadas de lucha por los derechos humanos elementales”.
Un juez federal en Texas declaró ilegal el DACA el año pasado, pero aceptó que siguiera vigente en su forma actual para los ya beneficiados mientras prosiguen las apelaciones a su fallo.El Departamento de Justicia defiende el programa junto con el estado de Nueva Jersey, organizaciones activistas como el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), y una coalición de docenas de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras_, según las cuales los beneficiarios del DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Texas, al que se han sumado otros ocho estados de tendencia republicana, alega que el DACA fue implementado sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, entre ellos que se avisara al público y se estableciera un período para recibir comentarios. Además, los estados alegan que han sufrido perjuicios económicos debido a la permanencia ilegal de inmigrantes en el país.
Los defensores del DACA aseguran que el programa cae dentro de las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de establecer prioridades a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración. “El DHS tiene recursos limitados”, alegó Brian Boynton, del Departamento de Justicia. “Carece de la capacidad para expulsar a 11 millones de personas en el país. Tiene que decidir a quiénes va a detener primero”.
En persona y en escritos ante la corte, los defensores del DACA han argumentado que Texas restó fuerza a su reclamo de perjuicio financiero al esperar seis años para impugnar el programa. También dijeron que el estado ignora la evidencia de que los beneficiarios del DACA reducen los costos que Texas tiene que pagar porque muchos tienen empleos con prestaciones médicas, son propietarios de casas y pagan impuestos a la propiedad que se destinan a la financiación de escuelas.