EL PASO, Texas.- Mientras que el gobernador de Texas presume en sus redes sociales que a principios de este año recibió al presidente Trump en Eagle Pass para mostrarle, de primera mano, la histórica misión fronteriza de Texas, las políticas fronterizas del expresidente provocaron el menor número de cruces fronterizos ilegales en cuatro décadas.
"Hasta que Trump sea reelegido, Texas seguirá intensificando sus esfuerzos para asegurar nuestra frontera", agregó el gobernador Greg Abbot.
Ante ello, el estado de Texas está acusando a otro gran grupo de inmigrantes de "participación en disturbios" después de que escalaron una valla metálica en la frontera, enviándolos a la cárcel del condado de El Paso, con costo a los contribuyentes locales.
Ante esta situación, el juez del condado, Ricardo Samaniego, exige a las autoridades estatales que asuman los costos de estas detenciones, que en la práctica aplica la controvertida ley estatal SB4 –en este momentos suspendida– que otorga a las autoridades del estado de Texas la capacidad de detener a migrantes que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos, señala la publicación de El Diario de El Paso, en su plataforma digital.
"¡No se vale!"... dijo categórico el juez Samaniego, luego de exigir al Gobierno estatal que utilice a sus propios jueces y disponga de espacios para retener a los migrantes que son arrestados al cruzar la frontera Sur. Más de 140 personas han sido acusadas, lo que llevó a los funcionarios del condado a expresar preocupación por la capacidad de la cárcel. El lunes de la semana pasada, la Corte de Comisionados votó a favor de que Samaniego enviara una carta a la delegación estatal de El Paso sobre las prácticas estatales de aplicación de la ley.
"Estos juegos políticos les costarán a los contribuyentes de El Paso más de un millón de dólares, si al menos 300 personas son ingresadas en nuestra cárcel, y perderemos mucho más si tenemos que sacar a los prisioneros federales para acomodar a estos detenidos estatales", señaló el comisionado del precinto 2 del condado de Paso, David Stout.
El condado tiene un contrato con el Gobierno federal para retener a los reclusos que enfrentan cargos federales en las cárceles del condado. El acuerdo asigna $101 por día para cada recluso federal, para un ingreso estimado de $92 millones durante cuatro años. El contrato expira el año que viene.
"Hemos perdido, probablemente, $8 millones o $9 millones este año, porque tenemos que preocuparnos por no utilizar (el espacio)", dijo el juez Samaniego. "Todos los casos de contrabandistas solían ser federales y ahora son estatales. Y ahora los tratamos como un estado del que no obtenemos ingresos".
- Tras cuestionar una vez más la política antiinmigrante impuesta por el gobernador de Texas, Greg Abbott, Samaniego alzó la alerta de lo que puede suceder en detrimento de la comunidad si esta dinámica de capturas de extranjeros continúa por parte de los elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y son llevados a las cárceles del Condado.
"Es una carga muy grande y es muy fácil para ellos estar arrestando y hacer lo que quieran y luego van a dejar a las personas en el Condado y pues eso no se vale, no debe de ser...si ellos quieren hacer eso y hacer los procesos, deben tenerlos en un lugar donde puedan cuidarlos y todo", comentó en tono de mortificación.
No obstante, aseguró, "nosotros vamos a vigilar muchísimo que lo hagan bien, porque en el momento que se arresta a alguien en el Condado ya es propiedad de nosotros y yo no puedo decirles ´pues llévenselo a otro lugar´. Debemos darle seguimiento y asegurarnos de que tengan abogados que reciban comunicación como si estuvieran en el condado", puntualizó.
El juez del Condado dijo lo anterior luego de que el pasado viernes 12 de abril fueran apresados otros 200 extranjeros en los márgenes de la valla fronteriza, después de que cortaron los alambres de púas para intentar entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Explicó que con el personal que cuenta el Condado resulta insuficiente procesar a más de 200 migrantes por lo que urgió la ayuda estatal.
"Son muchos y la capacidad que tenemos es para procesar hasta 145, no más. Si tenemos un mayor número colapsaremos, además de que no tenemos suficiente espacio en las cárceles y el Fiscal de Distrito no cuenta con los recursos para enjuiciarlos".
Explicó que en la actualidad se cuenta con dos centros penitenciarios: La cárcel del condado, ubicada en la zona centro y el anexo de la prisión, situado en el extremo Este.
La primera, con una capacidad de 1,010 convictos, y la segunda para 1,800.