Inacción ante pena capital

• Nueva York

En Boston, el Departamento de Justicia está presionando a los jueces a que mantengan la sentencia a la pena capital para Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado en el maratón de la ciudad. En Nueva York, le está pidiendo a los jurados que le impongan esa misma pena a un hombre que mató a ocho personas en un ataque en un sendero para bicicletas.

El presidente Joe Biden prometió en su campaña que trabajaría para abolir la pena de muerte federal, pero no ha dado ningún paso en esa dirección. El Departamento de Justicia sigue presionando para que se aplique la sentencia a morir en ciertos casos, a pesar de que ha impuesto una moratoria que significa que probablemente no habrá ninguna ejecución a nivel federal pronto.

En un documento presentado el martes, fiscales federales dijeron que no intentarán obtenerla para Patrick Crusius, un hombre de 24 años acusado de balear de muerte a casi dos docenas de personas en un ataque racista en un Walmart del oeste de Texas en 2019.

Los activistas que pugnan por la abolición de la pena capital dicen que el envío de señales contradictorias por parte del gobierno y el silencio de Biden —el primer presidente en haberse opuesto abiertamente a las sentencias de muerte— mandan el mensaje de que el mandatario demócrata no ha cumplido sus promesas de campaña que tanto los esperanzaron.

Otros dicen que su falta de acción hace que sea probable que un presidente en el futuro reanude las ejecuciones federales, tal y como lo hizo el presidente Donald Trump en 2020 después de una pausa de 17 años. Con 13 ejecuciones en una cámara para aplicar la pena de muerte en una prisión de Terre Haute, Indiana, durante sus últimos seis meses en el poder, el mandatario republicano supervisó más ejecuciones federales que cualquier otro presidente del país en más de 120 años.

En un correo electrónico el miércoles, la Casa Blanca dijo que el presidente “ha hablado desde hace tiempo acerca de sus preocupaciones sobre cómo se aplica la pena de muerte y si es consecuente con los valores fundamentales para nuestro sentido de justicia y equidad”, y él respalda la decisión del procurador general de imponer la moratoria.

En la gestión de Merrick Garland, el Departamento de Justicia no ha buscado que se aplique la pena de muerte en ningún caso nuevo. También ha retirado solicitudes para que se aplique la pena capital que habían sido interpuestas por gobiernos previos en contra de más de dos docenas de acusados.

Pero fiscales federales abrieron este mes un juicio de pena de muerte en Nueva York en contra de Sayfullo Saipov, que está acusado de utilizar un camión en 2017 para atropellar a peatones y ciclistas en un sendero para bicicletas a orillas del río Hudson. La decisión de aspirar a que sea ejecutado fue tomada durante el gobierno de Trump, pero Garland permitió que sus fiscales sigan intentando que se cumpla.

Abogados del Departamento de Justicia también pretenden mantener la sentencia de muerte impuesta a Tsarnaev por el atentado de 2013 que dejó tres muertos cerca de la meta del Maratón de Boston. Tsarnaev está intentando de nuevo evitar ser ejecutado después de que la Corte Suprema federal restableció su sentencia capital el año pasado.

Dunham elogió a la Casa Blanca de Biden por no querer interferir en la toma de decisiones diarias del Departamento de Justicia, pero alegó que no hay nada inadecuado en que la presidencia establezca una política general sobre ejecuciones.

“Lo que no parecen comprender es que, si uno establece una política, eso no es interferir”, declaró Dunham la semana pasada. “Eso es establecer un principio bajo el cual se toman decisiones... Han fracasado por completo en establecer directrices de políticas sobre la pena de muerte”.

A pesar de su promesa de campaña, Biden mismo no ha emitido ninguna directriz formal ni declaraciones de políticas sobre el castigo capital federal. Durante la campaña también se comprometió a trabajar para poner fin a la pena de muerte en todos los estados. Ya en la presidencia, tampoco ha hablado sobre eso.

El paso más notable tomado por su gobierno sobre las ejecuciones fue la suspensión anunciada por Garland en 2021 de las ejecuciones federales que habían sido reiniciadas por Trump. El Departamento de Justicia no emitirá órdenes para ejecutar a nadie, al menos mientras esté en vigor la moratoria.

Pero ello no impide que el departamento intente que se aplique la pena capital. Ni tampoco impide que los fiscales federales sigan combatiendo las acciones jurídicas emprendidas por los reos que están programados para ser ejecutados con el fin de no serlo.

La moratoria de Garland es similar a una ordenada en 2014 por el presidente Barack Obama tras una ejecución estatal fallida en Oklahoma. Los opositores a la pena de muerte dicen que el hecho de que Obama no tomó acciones de mayor alcance en torno a las ejecuciones federales dejó la puerta abierta para que Trump las reiniciara.

Funcionarios del gobierno de Trump alegaron que llevar a cabo las ejecuciones era una cuestión de cumplir la ley de Estados Unidos y hacerle justicia largamente demorada a los parientes de las víctimas.

El Departamento de Justicia no ha ofrecido detalles, incluyendo metas ni cronogramas. Cuando se le preguntó cuánto podría durar la moratoria, Joshua Stueve, portavoz del departamento, sólo dijo en un correo electrónico que la revisión está en marcha.

Garland ha dicho que la revisión examinaría los protocolos establecidos por el procurador general de Trump, William Barr. Abogados de reos que están en la lista para ser ejecutados criticaron los protocolos, diciendo que permitían efectuar ejecuciones apresuradas.

Lo que la revisión no implica es una evaluación acerca de si la pena de muerte federal debería ser eliminada completamente.

En septiembre, el Departamento de Justicia emitió un aviso público en el que solicitaba comentarios acerca de los cambios a los protocolos de Trump, incluyendo uno que permitía métodos de ejecución distintos a la inyección letal, tales como pelotones de fusilamiento.

¿Ha sido rescindido algún protocolo de la era de Trump? No, aunque no tienen una función práctica mientras la moratoria continúe en vigor.

En una carta reciente, la representante demócrata Ayanna Pressley y el senador Dick Durbin exhortaron al Departamento de Justicia a que anulara rápidamente todos los protocolos de Trump, incluyendo uno que autoriza el uso de instalaciones y personal estatal en ejecuciones federales, diciendo que esas órdenes estaban “viciadas irremediablemente”.

Otra autoriza el uso de un solo fármaco, pentobarbital, para reemplazar un coctel de tres que se utilizaba en la década de 2000, la última vez que se llevaron a cabo ejecuciones federales previas al gobierno de Trump.

Fue necesario hallar un reemplazo después de que las farmacéuticas comenzaron a prohibirles a los verdugos que utilizaran sus productos, diciéndoles que habían sido creados para salvar vidas, no para ponerles fin. El Departamento de Justicia de Barr eligió el pentobarbital a pesar de que había algo de evidencia de que ese fármaco produce edema pulmonar, una sensación dolorosa semejante a ahogarse a medida que los pulmones se llenan de líquido.

Los opositores a la pena de muerte dicen que Biden debería utilizar sus poderes presidenciales para conmutar todas las sentencias de muerte federales por cadena perpetua, lo que impediría que dichas condenas a la pena capital sean restablecidas posteriormente.

Además existe una propuesta de ley para eliminar la pena capital de las leyes federales y emitir sentencias de cadena perpetua para los más de 40 reos que aún están programados para ser ejecutados. Biden no ha dado ningún indicio de que respalde alguna de esas medidas.

El tema es delicado para él. En 1994, el entonces senador impulsó un proyecto de ley en el Congreso que añadía 60 delitos adicionales por los que alguien podía ser ejecutado. Algunos reos ejecutados durante el gobierno de Trump fueron sentenciados bajo esas disposiciones.

Eliminar la pena de muerte federal significaría preservar la vida de asesinos como Dylann Roof, el supremacista blanco que en 2015 baleó de muerte a nueve integrantes negros de una iglesia de Carolina del Sur durante una sesión de estudio de la Biblia. El justificar eso podría resultar políticamente incómodo para Biden.

En el pasado la pena capital ha sido un asunto delicado a nivel político, pero ahora lo es menos después de que el respaldo público a las ejecuciones ha disminuido en décadas recientes. Actualmente aproximadamente el 50% de la población la respalda, según la mayoría de las encuestas.