TUCSON, Arizona.- Dentro de gigantescas carpas blancas que albergan a unos 1.000 inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos demuestran una eficiencia precisa para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores a su arresto con órdenes de comparecer ante tribunales de inmigración en sus destinos finales.
Los agentes transmiten información desde el campo a sus colegas que preparan los documentos judiciales mientras los migrantes son transportados en autobús a horas de distancia hasta un centro de procesamiento, lo que minimiza el tiempo de detención.
En el centro de operaciones, situado en el corredor más transitado de cruces ilegales hacia Estados Unidos, lo que más falta son funcionarios de asilo que lleven a cabo los controles iniciales, cuyo objetivo es descartar las solicitudes poco sólidas que no se ajusten a los motivos estrictamente prescritos para solicitar protección, como la raza, la religión y las opiniones políticas.
Hace casi un año, los funcionarios de asilo recibieron instrucciones de aplicar un estándar de filtración más estricto a quienes cruzan la frontera ilegalmente tras pasar por otro país, como México, pero tienen una falta de personal tan grande que no tienen mucho impacto.
El gobierno del presidente Joe Biden elogia el estándar más alto como una piedra angular de su política fronteriza en los desafíos legales, pero su aplicación en apenas un pequeño porcentaje de arrestos muestra cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.
Los presupuestos ajustados aún son una gran preocupación mientras la Casa Blanca vuelve a considerar medidas radicales para limitar el asilo en la frontera.
El fracaso de un plan de gasto de 20.000 millones de dólares en seguridad fronteriza este mes ha hecho que el gobierno evalúe sus prioridades. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que enfrenta un déficit de 700 millones de dólares este año, considera reducir el número de camas de detención de 38.000 a 22.000 y facilitar menos vuelos de deportación.
Estas posibles medidas fueron reportadas primero por el periódico The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutirlo públicamente.
- El fracaso del paquete de gastos elaborado por los negociadores del Senado habría otorgado 4.000 millones de dólares a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), incluso para añadir 4.338 agentes de asilo para evaluar y filtrar a los solicitantes y tomar decisiones finales sobre las solicitudes, más de cuatro veces el personal actual.