HOUSTON, Texas.- Desde principios de la década de 2000, otras investigaciones, realizadas por agencias estatales de Texas y los Texas Rangers, corroboraron las acusaciones de abuso sexual de los niños en las instalaciones de TJJD, "Pero este problema horrible persiste. Trabajando con otras Fiscalías Federales de Texas, la División de Derechos Civiles y el Estado de Texas, mi oficina espera brindar protección a los vulnerables y ayudar a corregir los errores que han existido durante demasiado tiempo.
Mi oficina se enorgullece de colaborar con la División de Derechos Civiles y con otras Fiscalías de los Estados Unidos en nuestro estado en esta investigación exhaustiva del Departamento de Justicia Juvenil de Texas", dijo el fiscal de los Estados Unidos, Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas.
"Los niños en estas instalaciones son especialmente vulnerables a sufrir daños y abusos, lo que dificulta sus perspectivas de rehabilitación. Merecen estar protegidos de todo daño, recibir una atención de salud mental adecuada y recibir servicios de educación especial y modificaciones razonables que les brinden la oportunidad de tener una vida productiva en la comunidad, fuera de los muros de estas instituciones".
"Según nuestro informe, el TJJD no logra crear un entorno que fomente la rehabilitación", dijo la fiscal federal Leigha Simonton para el Distrito Norte de Texas. "En cambio, algunos de sus empleados recurren al uso excesivo de la fuerza y someten a los niños a un aislamiento prolongado, dos situaciones que son perjudiciales.
Los texanos saben que no es así como rehabilitamos a nuestros niños. Esperamos trabajar con el estado y el TJJD para eliminar estos problemas en el futuro. Juntos, confío en que podemos implementar prácticas que den como resultado un mejor entorno de rehabilitación en el TJJD y garanticen un camino para que los niños a su cargo crezcan, se curen y alcancen su máximo potencial.
Los estados que reciben fondos federales para ayudar a educar a los niños con discapacidades están obligados a utilizar esos fondos de forma adecuada para el beneficio de esos niños", dijo el fiscal federal Damien M. Diggs para el Distrito Este de Texas.
"No evaluar sistemáticamente a los niños sospechosos de tener discapacidades inevitablemente priva a esos niños de la educación especial que esos fondos estaban destinados a proporcionar. Texas recibió fondos en virtud de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, pero no cumplió con su obligación de garantizar que los niños con discapacidades recibieran una educación adecuada de acuerdo con sus necesidades especiales, entre otras cosas.
Sin los servicios adecuados, los niños con discapacidades en los centros penitenciarios para jóvenes de Texas no pueden acceder al plan de estudios de educación general, lo que impide una rehabilitación y un progreso significativos. Esperamos trabajar con Texas para rectificar los problemas que identificamos en nuestra investigación para que estos niños, al satisfacer sus necesidades educativas, puedan tener una mejor oportunidad de tener éxito cuando regresen a nuestras comunidades".
El Departamento de Justicia inició su investigación de las instalaciones de justicia juvenil del TJJD en octubre de 2021, bajo la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas y la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, que autorizan al departamento a abordar un patrón o práctica de privación de los derechos constitucionales y federales de los niños confinados en instalaciones correccionales administradas por el gobierno estatal o local.