NUEVA ORLEANS, Luisiana
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, promulgó el viernes una ley pionera que clasifica dos fármacos abortivos como sustancias controladas y peligrosas.
El gobernador republicano anunció que había firmado la iniciativa de ley en Baton Rouge un día después de que obtuviera la aprobación legislativa definitiva en el Senado estatal.
La medida afecta a los fármacos mifepristona y misoprostol, que se utilizan en los abortos farmacológicos, el método de aborto más común en Estados Unidos.
Entre los detractores de la medida había muchos médicos que afirmaron que los medicamentos tienen otros usos fundamentales en la atención de la salud reproductiva, y que cambiar la clasificación podría dificultar el acceso a estos medicamentos.
Los partidarios de la iniciativa afirman que protegerá a las mujeres embarazadas de los abortos forzados, aunque sólo citan un ejemplo de ello, en el estado de Texas.
La ley se aprobó mientras los detractores del aborto esperan una decisión definitiva de la Corte Suprema federal sobre un intento de restringir el acceso a la mifepristona.
La nueva ley entrará en vigor el 1 de octubre.
La iniciativa de ley comenzó como una medida para tipificar el delito de “aborto criminal coaccionado mediante fraude”. El senador republicano Thomas Pressly, principal impulsor de la iniciativa, apoyó una enmienda que añadía los fármacos abortivos a la Clasificación IV.
“Exigir que un fármaco inductor del aborto se obtenga con receta y penalizar el uso de un fármaco abortivo en una madre desprevenida no es más que sentido común”, dijo Landry en un comunicado.
Sin embargo, la ley estatal vigente en Luisiana ya exige una receta para ambos fármacos y tipifica como delito su uso para inducir un aborto, en la mayoría de los casos. La nueva ley dificultaría la obtención de las píldoras. Otros fármacos de Clasificación IV son el opioide tramadol y un grupo de depresores conocidos como benzodiacepinas.
La posesión de estos fármacos sin una receta válida conllevaría un castigo que incluiría fuertes multas y penas de cárcel. Al parecer, el texto de la iniciativa de ley protege a las mujeres embarazadas que obtengan fármacos abortivos sin receta para su propio consumo.
La clasificación exigiría que los médicos tuvieran una licencia específica para recetar los fármacos, y éstos tendrían que almacenarse en determinadas instalaciones, las cuales, en algunos casos, podrían acabar situándose lejos de las clínicas rurales.
Además de inducir abortos, la mifepristona y el misoprostol tienen otros usos comunes, como tratar abortos espontáneos, inducir el parto y detener
hemorragias.