En Texas ha sucedido un "milagro" en la última década: la economía del Estado sureño creció 63% en ese tiempo. En el centro de todo está la explotación de las reservas de hidrocarburos, cuya bonanza ha impulsado gran parte de este crecimiento, ya que Texas produce el 42% del crudo y el 27% del gas natural de todo Estados Unidos. Pero para que esa industria se sostenga, e incluso funcione, pues mucha de la producción se hace a través del fracking, el agua es crucial. Como también lo es para que los servicios se proporcionen, los sembradíos se rieguen y los hogares se abastezcan. Sin embargo, en medio de una megasequía que lleva ya varias décadas activa y no tiene un final en el horizonte, en gran parte por el calentamiento global, la futura disponibilidad y suministro de agua se ha convertido en una preocupación importante.
En el Rio Grande Valley, la zona fronteriza con México en el sureste del Estado, en febrero cerró la última azucarera del Estado por falta de agua. Los cultivos de cítricos —Texas es el tercer Estado que más cítricos produce— peligran. Y los embalses texanos brillan bajo el sol, pero sus aguas están cerca de bajos históricos. Este verano los embalses internacionales Falcon y Amistad sobre el Río Bravo, que proporcionan agua a millones de personas, llegaron a estar a 13 y 25% de capacidad, respectivamente.
Aunque periodos de fuertes lluvias puedan volver a llenar los embalses, las condiciones de sequía de la zona los vuelven a secar rápidamente. Además, se prevé que el cambio climático aumente las temperaturas y modifique los regímenes de precipitaciones en todo el sureste, lo que agravará la sequía y sus efectos.
Sequías comparables, como una durante la década de 1950, fueron causadas principalmente por la falta de precipitaciones.
Los efectos de una sequía grave pueden tener enormes consecuencias en los ecosistemas agrícolas y en los suministros de agua, incluida la disminución de la productividad y la reducción de las reservas de agua subterránea y de los embalses que suministran agua dulce a ciudades y pueblos.
Por esto el anuncio de mediados de noviembre de una actualización en el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México sobre la repartición de agua en esta zona entre los dos países es tan relevante. La nueva versión de un tratado primero firmado en 1944 y que obligaba a México a entregar una cierta cantidad de agua a su vecino de seis tributarios del Río Bravo cada cinco años, ahora permite que también pueda usar agua de fuentes alternativas o de los embalses compartidos. En el ciclo actual, que finaliza en octubre de 2025, México ha entregado, por ahora, menos de un tercio de esta obligación, lo que ha agravado la escasez de agua para los agricultores de Texas.
Al permitir a México transferir agua de los embalses, la enmienda pretende aliviar las preocupaciones de los granjeros y apoyar la disponibilidad para la próxima temporada de siembra.
El acuerdo también aborda una reciente oferta de México de suministrar agua de otra fuente, que había suscitado inquietud entre los agricultores de Texas, recelosos de posibles medidas compensatorias que pudieran afectar a sus propias reservas de agua. México había ofrecido el agua en octubre, pero los distritos de riego que suministran agua a agricultores y ganaderos dudaron en aceptarla.
Les preocupaba que recibir agua ahora redujese su suministro crítico, necesario para la próxima temporada agrícola. Y el agua nueva no se ha llevado las preocupaciones todavía. La Comisión de Calidad Medioambiental de Texas, el organismo estatal que decide cómo repartir el agua, aún no ha dado luz verde para que se utilice.
De hecho, la modificación del tratado, negociada por el gobierno federal, obligó al Estado a aceptarla. Mediante la nueva enmienda, Estados Unidos reconocerá a México el agua que proporcione del río San Juan aunque no sea uno de los seis afluentes incluidos en el acuerdo original, una postura que el gobernador Greg Abbott criticó duramente cuando ordenó al Estado aceptar el agua: "Texas se mantiene firme en su postura, coherente con el texto del Tratado, de que esos compromisos solo pueden satisfacerse con agua procedente de los seis ríos mencionados", declaró.
EL PELIGRO DE APAGONESSegún el informe, la sequía también afectaría a la capacidad del Estado para generar energía, con un coste diario en los millones de dólares y quizá miles de millones en daños económicos por la posibilidad real de sufrir apagones y cortes de electricidad constantes.
Según el informe, los problemas hídricos de Texas podrían agravarse también por cuestiones de infraestructuras. Si no se realizan inversiones significativas en infraestructuras, dice el estudio, el deterioro de los sistemas de agua y aguas residuales contribuirá a unas pérdidas de casi 320.000 millones de dólares en el PIB, "una cantidad equivalente al tamaño del actual presupuesto del Estado por dos años". Además calcula que en los próximos 50 años el Estado tendrá que invertir 59.000 millones de dólares en nuevos suministros de agua, 74.000 millones en reparar los sistemas de agua deteriorados y 21.000 millones en reparar los sistemas de aguas residuales averiados.
VULNERABILIDAD AL DESCUBIERTOLa situación del Rio Grande Valley, aunque es única por el factor internacional, se refleja en diferentes partes del Estado y puede llegar a generar repercusiones económicas profundas a corto, mediano y largo plazo. Un reciente informe hecho por el Centro de Estudios de Energía de Baker Institute de Rice University y comisionado por la organización no-gubernamental de políticas públicas Texas 2036, ha dejado la vulnerabilidad de Texas al descubierto.
Según los cálculos del estudio, si ahora se produjera una sequía por precipitaciones similar a la de la década de 1950, en 2030 Texas sufriría pérdidas anuales de 160.000 millones de dólares en su PIB, más de 800.000 empleos perdidos y un éxodo de cientos de miles de personas.