McALLEN, Texas
El Departamento de Justicia pidió el viernes a la Corte Suprema federal que ordene a Texas que deje de bloquear el acceso de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a una parte de la frontera entre Estados Unidos y México por la que han cruzado en los últimos meses un gran número de migrantes, lo cual prepara el terreno para otro enfrentamiento entre el gobernador republicano Greg Abbott y el gobierno del presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
La petición se da después de que Texas colocara vallas para asumir el control de un parque público de casi 20 hectáreas (50 acres) junto al río Bravo (o Grande) en la ciudad de Eagle Pass, que el año pasado fue un punto de paso para miles de migrantes que ingresaron desde México. Aunque hace más de un año se produjo una lucha de poder similar en la misma región, la zona que Texas cerró esta semana impide a los agentes federales acceder a un punto de cruce más grande y visible.
A lo largo de un tramo, miembros armados de la Guardia Nacional de Texas y sus vehículos impiden a los agentes de la Patrulla Fronteriza acceder al río, señaló el Departamento de Justicia en documentos presentados ante la corte. La Guardia Nacional de Texas presuntamente también utilizó un Humvee militar para impedir que los agentes fronterizos usaran un camino de acceso.
"Debido a que la Patrulla Fronteriza ya no puede acceder ni ver este tramo de la frontera, Texas ha impedido de facto que la Patrulla Fronteriza vigile la frontera", declaró el Departamento de Justicia en un documento.
Abbott dijo a los periodistas el viernes que Texas tiene la autoridad para controlar el acceso a cualquier lugar geográfico del estado.
"Esa autoridad se está haciendo valer", manifestó.
El cierre del Shelby Park representa un incremento en las medidas policiales en la frontera ordenadas por el gobernador, conocidas como Operación Estrella Solitaria. Texas y el gobierno de Biden están enfrascados en varias disputas jurídicas en torno a las acciones que el estado ha tomado desde 2023, entre ellas el uso de boyas en medio del río internacional, la instalación de alambre de púas, y una ley que permitirá a la policía detener a los migrantes.