La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el sábado, por ahora, la deportación de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
En una breve orden, el alto tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet "Hasta nueva orden de esta corte".
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.
La corte actuó en respuesta a un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que argumentaba que las autoridades migratorias parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La Corte Suprema había dicho en abril que las deportaciones podrían continuar sólo si quienes estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante un tribunal y se les concedía "un tiempo razonable" para impugnar sus deportaciones pendientes.
"Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en un correo electrónico.
El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los afectados lanzaron una desesperada campaña legal para evitar su deportación, a pesar de que uno de los magistrados dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas. A primera hora del sábado, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos también se negó a emitir una orden que protegiera a los detenidos de ser deportados.
Se espera que el gobierno recurra de rápidamente a la Corte Suprema en un esfuerzo por persuadir a los jueces de que levanten su orden temporal.
La ACLU ya había presentado demandas para bloquear las deportaciones de dos venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet y buscaba una orden que prohibiera la expulsión de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, lo que permitiría que se les aplicase la ley.
Esta normativa sólo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que lo capacitaba para expulsar rápidamente a inmigrantes identificados como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
Tras la orden unánime del alto tribunal del 9 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos en virtud de esa ley, hasta que el gobierno estableciera un proceso para que pudieran presentar sus reclamos ante una corte.
Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo en la región de Texas, a la que pertenece Bluebonnet, que se encuentra a 38 kilómetros (24 millas) al norte de la ciudad de Abilene, en el extremo norte del estado.
MANIFESTACIÓN EN BICENTENNIAL
Cientos de miembros de la Coalición de Base del Sur de Texas denunciaron ayer por la tarde que la administración Trump está desmantelando las instituciones públicas de Estados Unidos, durante una manifestación celebrada en el Bicentennial Boulevard, en McAllen.
La organizadora de la protesta, Fabiola Escalón, expuso que el Valle del Río Grande es una de las áreas más afectadas por las políticas del presidente Donald Trump.
"Los habitantes serán los más afectados por las políticas de Trump, especialmente por el recorte drástico de todos los servicios sociales de los que depende nuestra comunidad. Somos una de las zonas con los ingresos más bajos de Estados Unidos y, además, tenemos la mayor cantidad de inmigrantes", agregó Escalón. (Por Edelia Hernández).