McALLEN, Texas
Ricardo Cano y Rosita Cano Meeks, fueron acusados formalmente ante jurado federal en relación con un fraude a un programa federal de compensación para trabajadores.
Cano, residente de McAllen, de 46 años y Meeks de 56, residente en Edinburg, enfrentan cargos de fraude en la atención médica y lavado de dinero, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
El duo operaba varias clínicas a través del estado bajo el nombre de Texas Federal Wellness Center.
Según la acusación, Cano y Meeks hicieron que las clínicas presentaran reclamaciones infladas por terapia, visitas médicas ficticias, terapia excesiva y equipo médico fraudulento. Ordenaron a los empleados falsificar los horarios de salida de los pacientes en los registros médicos.
Entre 2014 y 2019, facturaron más de 80 millones de dólares al Programa de Compensación para Trabajadores de la Oficina del Departamento de Trabajo (DOL) por servicios de fisioterapia brindados a empleados federales lesionados.
En ese tiempo, Meeks estaba a cargo y supervisó la facturación fraudulenta.
Los cargos alegan que Cano no es médico sin embargo, ordenó a los empleados que se refirieran a él como Dr. Cano.
La acusación también alega que Cano transfirió aproximadamente 43 millones de dólares de las clínicas del Texas Federal Wellness Center a varias cuentas bancarias a su nombre o a nombre de clínicas que él controlaba.
Cano se habría coordinado con un médico para obstruir una investigación de la Junta Médica de Texas de una queja sobre su papel en la operación de las clínicas y la presentación de registros corporativos falsos.
Meeks y Cano enfrentan hasta 10 años de prisión con 18 cargos de conspiración para cometer fraude a la atención médica. Cano también está acusado de siete cargos de lavado de dinero y enfrenta hasta 10 años adicionales por cada condena de lavado de dinero.
El departamento de USDA investiga a tres empleados acusados de corrupción pública.
Acusan de corrupción a empleados de USDA
Un empleado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y dos contratistas de la agencia, están acusados de corrupción pública relacionada con el programa de mejoras para el hogar de dicha agencia federal, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani. Roberto Rodríguez, de 51 años, se entregó el jueves a las autoridades. También están detenidos José Sandoval, de 70 años, y Daniel Díaz, de 67, ambos contratistas del USDA en la ciudad de Río Grande. Un gran jurado federal emitió la acusación de tres cargos el 22 de agosto.
De acuerdo con los cargos, Rodríguez de Río Grande City, quien trabaja como especialista en préstamos de desarrollo rural del USDA, acepto el pago de sobornos de Sandoval y Díaz entre enero de 2021 y agosto de 2022.
Rodríguez supuestamente remitió a los contratistas a los solicitantes del programa de préstamos y subvenciones para reparación de viviendas unifamiliares del USDA.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez aceptó los pagos a sabiendas, de manera corrupta y en violación de su deber oficia. Los contratistas supuestamente pagaron sobornos con la intención de influir en los actos oficiales después de que se completaran las reparaciones financiadas con fondos federales. De ser encontrados culpables, enfrentan una pena de 15 años de cárcel y una posible multa de hasta 250 mil dólares.