Tampico, Tam.- Luego de que una Juez Federal otorgara el Amparo a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia para que los libros de texto de nivel básico no fueran distribuidos, quienes violen esa disposición podrían alcanzar hasta 9 años de cárcel y una multa de 150 mil pesos.
David Hernández Muñiz, presiente la Unión de Padres de Familia en el sur del Estado, señaló que por fin el resolutivo les favoreció, por lo que ahora, los alumnos podrían utilizar los libros del ciclo anterior, ya sea los que estén en bodegas, o ver la forma de reutilizar los de ciclos pasados.
REGRESO A CLASESEl regreso a clases será el próximo 28 de agosto, por lo que al decir del resolutivo del Amparo, las autoridades educativas deberán presentar junto con las autoridades estatales y municipales la estrategia para implementar los programas y planes de estudio para los libros de texto de este ciclo escolar 2023-2024.
- David Hernández, dijo que esto se debió hacer desde un inicio, pero se tuvo que recurrir al Juzgado y al Amparo para que la Federación privilegiara los intereses y derechos de los niños.
"La SEP federal debe presentar la estrategia sobre los libros de texto. Deben hacerse comités como debió ser desde un principio.
El resolutivo indica que se puede hacer un reparto virtual o físico de los libros, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa", refirió.
Indica que al conceder una Juez Federal el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) deberán presentar, junto con autoridades estatales y municipales, la estrategia para implementar los programas y los planes de estudio para los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024
La Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, también instruyó en el resolutivo que los programas y planes de estudio deben ser entregados para conocer los contenidos que deben integrarse a las necesidades particulares de cada entidad, y que las autoridades federales deberán de realizar ajustes al presupuesto con tal de que esto se logre.
Asimismo la titular de la SEP, Leticia Ramírez Anaya, el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos de la SEP, así como la titular de la Conaliteg son las autoridades obligadas a cumplir el Amparo.
Dijo David Hernández que con estas acciones, la UPF busca garantizar a la niñez mexicana una educación de calidad y libres de ideologías políticas.
Por último detalló que está bien claro que quién viole la disposición podría alcanzar hasta 9 años de cárcel con una multa de 150 mil pesos.
David Hernández, Presidente de la Unión de Padres de Familia del Sur del estado.