La Fiscalía Especializada Anticorrupción contará con dos vicefiscalías para abatir el rezago en las carpetas de investigación presentadas por delitos de corrupción, cometidos presuntamente por exfuncionarios de la administración 2016-2022.
El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, con el fin de destrabar las carpetas ´congeladas´.
"Han sido nulos los resultados y, como la Fiscalía se justificó en la falta de personal, se presentó, dictaminó y aprobó por el pleno estas figuras que tendrán responsabilidades específicas en la investigación y consignación de los delitos denunciados por el ejercicio irregular de los recursos públicos", dijo la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica.
Cabe precisar que el Congreso local ha registrado diversos conflictos legales con el actual fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, quien les ha ganado por la vía de amparos ante el Poder Judicial de la Federación.
En ese tenor, la diputada Úrsula Patricia rechazó que esta reforma pretenda neutralizar la reinstalación del titular de la Fiscalía, en cuyo caso, aclaró, se trata de otro exceso de los jueces federales de Reynosa, quienes han tendido un "manto de impunidad en torno al exgobernador y sus cómplices, amparándolos contra la acción de la justicia, violentando el marco jurídico".
Señaló que la labor de los vicefiscales, que serán designados por el fiscal general Irving Barrios Mojica, cinco días posteriores a que se publique el decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE), realizarán una labor intachable y se judicialicen las denuncias presentadas por el actual gobierno estatal.
Por su parte, el diputado Eliphaleth Gómez Lozano propuso incorporar una fracción VI, al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia: "Haber sido declarado judicialmente sustraído de la acción de la justicia".
"Se considera pertinente en razón de que la hipótesis de la evasión de la justicia en que pudiera incurrir un servidor público, respecto de un llamamiento de la autoridad jurisdiccional, desde luego torna inaceptable la permanencia de dicha persona en el ejercicio del cargo, por lo que es indispensable que se establezca esa circunstancia como causal grave que dé lugar a la remoción respectiva", concluyó.