La Diputación Permanente del Congreso aprobó este martes un decreto con el que se prevé recuperar cinco predios enajenados y vendidos por un monto superior a los 264 millones de pesos durante la pasada administración, en la que se presume el delito de extorsión.
Se espera dejar sin efecto el decreto LXIV-609 aprobado en agosto del 2021 por la 64 Legislatura, en el que se aprobó la enajenación de cinco inmuebles a título oneroso ubicados en la Playa Miramar, en Ciudad Madero.
Los cinco predios se vendieron a las empresas Hospitals & Investments y Discovering México Destination Club por un total de 264 millones 643 mil 893 pesos, contratos de compra-venta que se espera dejar sin efecto.
Al detectar que incumplieron con los requisitos legales y técnicos para construir condominios en los predios que colindan con el bulevar costero de la Playa Miramar, al no comprobar el beneficio económico, turístico y social, como lo establece el decreto aprobado años atrás.
"Con motivo de las múltiples irregularidades descritas deberá facultarse a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para que realice los actos jurídicos y administrativos para dar cumplimiento al presente Decreto", señala el documento aprobado y que será puesto a consideración en la sesión extraordinaria de este miércoles en el Pleno del Congreso.
Entre las irregularidades, se detectó que las empresas no cumplieron con los requisitos de un proyecto ejecutivo, al no contar con información relativa a los empleos a generar y a las empresas beneficiarias, pues no se garantiza el número de empleos a ofertar ni el periodo en que se generarán.
Además que las edificaciones tienen calidad de condominios, por lo que no habrá una rotación de personas y no se generará un flujo constante de circulante en la zona turística ni se comprueba que se estarán pagando las cuotas al IMSS e Infonavit por empleos permanentes.
Todo esto contraviene al artículo 32 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas que establece que para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad se deben cumplir esos criterios, los cuales no se contemplan en sus proyectos ejecutivos analizados por las Secretarías de Turismo, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado.
Todo esto "Genera como consecuencia la nulidad de pleno derecho de todos los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos derivados del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en que incurran quienes intervinieron en los mismos".
DENUNCIADOS POR EXTORSIÓN
El pasado 11 de septiembre el abogado José Isabel Luna García presentó una denuncia penal ante la Unidad
de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) por el presunto delito de extorsión cometido por al menos
15 exfuncionarios de la pasada administración, al despojar de varias hectáreas en la Playa Miramar a los dueños de una empresa particular.
Los exfuncionarios públicos, relató el abogado, presionaron a los empresarios del Grupo Inmobiliario Cormon, S.A. de C.V., para quitarles los terrenos en la costa del Golfo de México.