Da juez la razón a empresarios que compraron 42 hectáreas en "La Pesca"

Concede suspensión provisional a consorcio tras derogar decreto el Congreso de Tamaulipas

El poblado La Pesca, en Soto La Marina, volverá a manos de un consorcio de empresarios por mandato judicial, ordenado por el juez primero de Distrito de Tamaulipas.

El juicio de amparo 1416/2024 ordena detener el proceso que revocó la adjudicación de 42 hectáreas de la playa La Pesca al consorcio empresarial La Pesca, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable por más de 35 millones de pesos.

Ya que el 28 de febrero del 2024 la General de Gobierno publicó el acuerdo gubernamental "mediante el cual se deja insubsistente el Acuerdo Extraordinario emitido en fecha 31 de agosto de 2021", con el que se acordó expropiar las 42 hectáreas de La Pesca.

El terreno abarca desde "El Tortuguero" hasta "El Faro", donde se registró que en al menos cinco cuadrantes había personas habitando los predios, lo que generó manifestaciones de los pobladores para evitar la toma del inmueble.

Dentro de la queja del consorcio se argumenta que se solicitó en septiembre del 2022 ante el Instituto Registral y Catastral del Estado la inscripción de la operación de compraventa, sin embargo ésta le fue negada.

Misma situación se observó en junio del 2024 cuando se solicitó efectuar el trámite de inscripción y hacer públicos sus derechos reales, pero nuevamente le fue negada bajo el argumento que "Previamente se registró la cancelación de inscripción del decreto de expropiación".


Derivado de lo anterior, el grupo de empresarios favorecidos con el contrato  promovió una serie de amparos para lograr recuperar el terreno adjudicado, que es uno de los polos turísticos en desarrollo en Tamaulipas y de mayor actividad.

En defensa, el Gobierno Estatal interpuso el recurso de queja administrativa con número 213/2024 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito que le fue negado. En la misma el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la General de Gobierno argumentó que el juez obró con irregularidades.

A más de dos años de efectuarse la compra-venta del predio, no se ha logrado concretar la entrega del inmueble por conflictos legales, y se prevé que el juicio se alargue por más tiempo.