El Senado de la República analiza reformas constitucionales para frenar los vicios en las entregas de notarías en los estados, limitando a su vez a los gobernadores para utilizarlas como regalías políticas.
Se busca agregar la fracción sexta al 121 constitucional, que plantea que se cubrirán las vacantes a través de un examen de oposición para nombrar a los más aptos y que las leyes de las entidades federativas garanticen que la función notarial sea ejercida por personas profesionales del derecho, previa obtención de la patente.
La iniciativa señala que los gobernadores perderán la prerrogativa de entregar las notarías en las entidades federativas en las que gobiernan, la cual ha sido utilizada para entregar un gran número de notarios. La medida estará vigente hasta que se homologue la ley en los estados.
Como sucedió en los últimos meses del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, que provocó la renuncia de 27 titulares de notarías y 28 más canceladas por el gobernador Américo Villarreal Anaya por detectar inconsistencias en los exámenes, documentos y convocatorias emitidas por el estado. Además, 14 se encuentran en análisis para determinar si se revocan o continúan en funciones.
Se detectó que los titulares no contaban con preparación para ejercer un oficio que requiere un alto grado de capacitación, de ética profesional sólida para evitar caer en actos de corrupción.
La propuesta pretende eliminar las figuras de notarios adscritos, auxiliares, interinos, provisionales, suplentes, supernumerarios y cualquier otra denominación análoga y sea el titular quien atienda su notaría y no terceras personas.
El documento considera que los especialistas en derecho ejercerán funciones de notario público hasta los 75 años de edad.
Propone, además, que las constituciones locales y las leyes de las entidades federativas garanticen que los notarios sean certificados periódicamente en base a sus conocimientos para determinar si son aptos para continuar con ese cargo.
Aunque la iniciativa será analizada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos una vez inicie el próximo periodo legislativo en septiembre, ya ha generado divisiones.
Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza, aseguró que la reforma tiene sus puntos positivos para regular las funciones notariales en cada estado, al eliminar malas prácticas en los procedimientos de entrega.
“Creo que se evitarían muchas malas prácticas si se llevaran a cabo los procedimientos a través de un examen de oposición y ahí sí llegarían los más aptos, los más capaces para ejercer la función notarial y se acabarían a lo mejor las regalías políticas, por decirlo de alguna manera, de dar patentes cuando termina el sexenio”, dijo.
Consideró que las notarías se deben entregar siguiendo todos los requisitos que prevé la Ley y con la aplicación de exámenes que acrediten el conocimiento de los aspirantes.
Además que en los últimos años los notarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción por apoyar acciones ilegales por parte de funcionarios públicos
“Creo en realidad que el notario como institución es un gremio que gozamos de la credibilidad y confianza de la gente. Desgraciadamente las malas prácticas de los muy pocos que hagan estas acciones, se hacen muy mediáticas y son las que afectan a un gremio”.