El Mañana / Staff.- A más de un año de haberse interpuesto las denuncias penales por presuntos delitos de corrupción y ejercicio ilícito de servicio público, dos exsecretarios de gobierno se encuentran vinculados a proceso por un juez, informó la consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López.
A principios del 2023 se presentaron diversas denuncias ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), al detectar presunto daño al erario público por 500 millones de pesos.
- Derivado de lo anterior, se logró vincular a proceso al extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, por un monto de 20 millones de pesos, quien deberá acreditar su inocencia a partir de la determinación del juez, al presentar las pruebas judiciales que considere pertinentes para librarse de los delitos vinculados.
La Consejería continúa presentado diversos elementos de prueba ante la Fiscalía Anticorrupción, con los que acredita los señalamientos en contra del extitular de la Seduma, para dar continuidad a los requerimientos de integración del proceso. Aunque refiere que sigue presentándose el mismo problema de hace meses, al registrar un proceso lento de judicialización en contra de otros exservidores públicos involucrados en presuntos delitos de corrupción y que no se ha avanzado en esas carpetas, al haberse presentado un total de 61 hasta el día de hoy.
El segundo vinculado es el exsecretario de Educación de Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy, por el presunto delito de desviación de ocho millones de pesos que no ingresaron a las arcas de la Secretaría de Finanzas.
"Se expusieron datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para lograr la vinculación del servidor público en comento; después de nueve horas de larga audiencia, se logró establecer los hechos que la ley señala como delito y probable intervención del mismo", expuso en su momento la Fiscalía Estatal.
Ambos funcionarios están obligados a presentarse a una Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada quince días para una firma periódica, no acercarse a las oficinas de la secretarías que dirigían.
"Es un trabajo de la Fiscalía, en el que tenemos que esperar a que judicialice las carpetas y si hay necesidad de aportan elementos por nuestra parte, seguir haciéndolos para la integración de las denuncias", concluyó la consejera jurídica.