Cd. Victoria, Tam.- El robo o extracción ilegal de agua en Tamaulipas se ha denunciado desde hace 24 años en, al menos, siete municipios, pero no se ha logrado detener a los presuntos culpables.
- Datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) revelan que desde el año 2000 se presentaron 20 denuncias penales por el robo de agua en presas y pozos de la entidad, pero no se ha logrado detener a los implicados.
Se denunció el delito en los municipios de Xicoténcatl, Tula, Victoria, Padilla, Río Bravo, El Mante y Güémez. Actualmente, los siete municipios se encuentran en semáforo amarillo y rojo, por la baja disponibilidad de agua para actividades comerciales, agrícolas, industriales y consumo humano.
En esas condiciones, el Semáforo restringe el uso de agua para las actividades del hogar, aseo personal, uso del WC, lavado de ropa y vehículos. En actividades de la construcción sólo usar agua tratada, al igual que en negocios de autolavado, así como en las albercas privadas o públicas.
El municipio con la mayor incidencia de robo de agua en presas y pozos es El Mante, con 11 denuncias, que representa el 55% de las recibidas por la Fiscalía local; le sigue Tula, con 3; Victoria, con 2 y Xicoténcatl, Padilla, Río Bravo y Güémez, con una denuncia, respectivamente.
Sin embargo, la FGJT revela que en las 20 denuncias se le dio "carpetazo", es decir, que los expedientes donde obran todas las declaraciones, informes, periciales y demás datos de prueba que se recaban durante la investigación, fueron cerrados, sin que se lograra detener a personas durante la investigación o al cierre de las averiguaciones.
Las denuncias se presentaron en el MP; la Fiscalía realizó las investigaciones para esclarecer el presunto robo, pero no se logró detener a ningún implicado.
El Código Penal de Tamaulipas contempla, en su artículo 476, sanciones en contra de quienes o quien altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios del servicio público, imponiendo de dos a seis años de prisión, así como multas que van de 10 mil 374 pesos a los 31 mil 122.
Si la persona es servidora pública, que disponga, supervise, controle, maneje, o por su encargo o comisión puedan abastecer o facilitar la sustracción de agua potable de la infraestructura hidráulica de propiedad municipal o estatal para uso comercial y de servicios o industrial, se incrementará con una mitad adicional.
Además, se le impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.