Cd. Victoria, Tam.- La Contraloría de Gobierno ha reportado en los últimos dos años un incremento del 500% en las quejas y denuncias contra servidores públicos por mal desempeño de sus funciones y por presuntos actos de corrupción en diversos municipios y dependencias estatales.
La contralora, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que al inicio de la actual sexenio se tenía registro de 102 denuncias y quejas interpuestas ante el órgano interno de control, pero hoy esa cifra se ubica en los 600 expedientes, lo que se traduce en un incremento de quejas de un 500%.
La mayoría de las quejas y denuncias se relacionan con el trato que reciben los ciudadanos en los municipios y organismos del Gobierno estatal, así como con la falta de oportunidad y servicio en los trámites.
También se han recibido quejas y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en la contratación de servicios.
La Contraloría Gubernamental ha trabajado para atender estas quejas y denuncias, y ha logrado mejorar el servicio en algunos municipios y organismos. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que los ciudadanos reciban el trato y el servicio que merecen, dijo.
"Es importante que los ciudadanos sigan denunciando cualquier irregularidad o mal servicio que reciban, para que se puedan tomar medidas para mejorar la situación.
Y muchas, también, el 30% de ellas, no son tanto competencia de la Contraloría Gubernamental, pero sí veo yo esa confianza que la gente tiene porque nos ponen quejas y denuncias de los municipios, de los otros poderes, de los autónomos en relación al trato", precisó.
Derivado del incremento y posible sobrecarga de trabajo en la Contraloría Gubernamental, se han celebrado reuniones con los contralores de cada dependencia para que se revise el manejo del recurso, cómo se utiliza en productos y servicios, para detectar alguna anomalía.
Entre los organismos que se evalúan constantemente son el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el Registro Civil, las oficinas fiscales de la Secretaría de Finanzas, así como al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), para vigilar que cumplan con la normatividad.
Explicó que, en caso de encontrar alguna irregularidad en el uso del recurso público, se da vista a la Dirección de Investigación de Anticorrupción.
Y en la medida que va avanzando la investigación, los señalados deben aportar elementos a la autoridad investigadora para determinar si hubo o no una falta administrativa y aplicar una sanción o firmarlo a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.