En las conferencias que ofrece cada mañana desde Palacio Nacional, en sus viajes a lo largo y ancho del país, en su reunión con el enviado de Estados Unidos para el cambio climático. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha cansado de repetir en los últimos meses que la gran apuesta de su Gobierno para cumplir con sus compromisos ambientales es la energía hidroeléctrica, “la más barata y limpia”. Desde entonces, los expertos han dado un paso al frente para contradecir esa afirmación: es tres veces más cara que la solar y la eólica, y cada vez se considera menos limpia por sus emisiones de metano, su impacto sobre los ecosistemas y su dependencia de un recurso escaso: el agua.
Pero, ante todo, lo que ponen en duda es la idea de que las hidroeléctricas puedan aumentar su generación lo suficiente como para alcanzar la meta del 35% de energías limpias para 2024 que se ha propuesto México. El año pasado, esas centrales produjeron menos del 9% del total. Rosanety Barrios, analista independiente del sector, explica que la inmensa mayoría de las hidroeléctricas de México están controladas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fueron construidas entre los años 60 y 80, por lo que son bastante anticuadas.
“El planteamiento del presidente es modernizar lo que se pueda, que es esencialmente las turbinas. Pero la mejoría que puedes obtener no va más allá del 10% en la eficiencia”, asegura la experta. Hasta ahora, el plan de la CFE no contempla construir nuevas presas, por la fuerte oposición social que se han encontrado en las últimas décadas. Paso de la Reina, Las Cruces, Chicoasén II… la lista de nuevas hidroeléctricas que se han visto frenadas por el rechazo de la población es larga.
Por ello, lo que la empresa estatal ha anunciado es un plan de inversión de 20.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) para rehabilitar nueve centrales y construir otras tres sobre presas ya existentes, principalmente en Sonora y Sinaloa. Pero la propia CFE ha reconocido que esos planes aportarán, cuando mucho, un aumento de 1.860 gigavatios por hora al año, lo que representa un 0,6% de la generación eléctrica total de México. Muy lejos de lo que necesita el país para llegar a su meta del 35% de energías limpias, que actualmente rondan el 25%.
¿Verdaderamente verdes?
Los límites a los que se enfrentan este tipo de plantas no son únicamente tecnológicos. El cambio climático está haciendo más frecuentes y prolongadas las sequías en el país y, cuando escasea el agua, el consumo humano y agrícola son prioritarios. “Si nos toca un año de poca lluvia, el agua ahí almacenada se tiene que cuidar para los seres humanos. Si hay un intento de violación de esas reglas, hay que preocuparse mucho de lo que pueda pasar con el consumo humano”, advierte Barrios.
Por otro lado, al igual que las sequías son más prolongadas, las lluvias torrenciales son más habituales como consecuencia del calentamiento global, lo que puede llevar al desbordamiento de presas, como pasó en Tula en septiembre pasado. Ese mes, la generación hidroeléctrica alcanzó un pico del 16% del total del país. “Pero pensar que se puede mantener ese mismo nivel durante todo el año o inclusive duplicarlo, como ha dicho el presidente, es cien por ciento imposible”. De hecho, en enero, uno de los meses en los que menos llueve, las hidroeléctricas generan alrededor del 4%.
Como una pescadilla que se muerde la cola, las plantas hidroeléctricas no solo se ven afectadas por el cambio climático, sino que también contribuyen a empeorar esa crisis, señala Astrid Puentes, exdirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Al momento de su construcción, se deforestan grandes extensiones de territorio para crear los embalses -lo que libera CO2 a la atmósfera- y se afectan los ecosistemas y la forma de vida de la población al desviar el cauce del río.
Además, la materia orgánica que queda inundada en las presas entra en un estado de descomposición y va emitiendo metano, uno de los gases más poderosos de efecto invernadero. “Antes de decidir rehabilitar las hidroeléctricas que ya existen, México debería hacer una buena evaluación de qué alternativas hay hoy, no en los años 70. Hoy, en el siglo XXI, la hidroeléctrica sale perdiendo frente a la solar y la eólica en términos de impactos sociales, climáticos y ambientales”, dice la abogada.
El trasfondo: la reforma eléctrica
Víctor Ramírez, doctor en ciencias por la UNAM y vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, cree que el empuje por las hidroeléctricas del Gobierno no es más que retórica política. Porque el asunto de fondo es, desde su punto de vista, la reforma eléctrica que está empujando contra viento y marea el presidente. La propuesta busca modificar la Constitución para devolverle a la CFE el poderío perdido, entregándole el control del 54% de la generación, muy por encima del 38% actual, y dejando el 46% restante para los privados.
“Si se quiere alcanzar ese 54% no lo van a poder hacer solamente con las hidroeléctricas. Van a tener que hacerlo con sus plantas termoeléctricas y de carbón”, dice Ramírez. Según la propuesta, las hidroeléctricas serían las primeras en la fila para despachar su energía, limitada por la disponibilidad de agua, y las siguientes a la cola serían las centrales convencionales de la CFE, que operan con combustibles fósiles como combustóleo, gas y carbón. Por lo tanto, dice el experto, parece difícil que esa reforma no implique un aumento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
Otro mito que quiere desmontar es que la energía hidroeléctrica es la más barata. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, cuesta 1.211 pesos por megavatio/hora, casi tres veces más que los 377 pesos de la solar y eólica, en manos de empresas privadas. ¿Por qué es tanto más cara? “Porque, entre otras cosas, el agua es un bien limitado que tiene un precio, a diferencia del sol o el viento”. Por ello, actualmente las primeras energías que se despachan son la solar y la eólica: porque son las más baratas.
Pero para Mario Morales, coordinador de planeación de la CFE, la situación actual “no es competencia sino despojo”, porque relega a un segundo plano a las plantas de la estatal, más caras y contaminantes. En entrevista con EL PAÍS, el funcionario defiende el plan de rehabilitación de las hidroeléctricas, aunque reconoce su carácter limitado, y enfatiza que “lo más importante es que aumentará la vida útil de las plantas otros 50 años”.
Preguntado sobre la posibilidad de reactivar la construcción del polémico proyecto hidroeléctrico de Chiacoasén II, en Chiapas, Morales confirma que está en sus planes y asegura que los detalles se darán a conocer en las próximas semanas. La idea preocupa a Sandra Moguel, abogada ambientalista que ha acompañado la lucha de pobladores contra varias hidroeléctricas en México, como la que se propuso en 2014 para Nayarit, conocida como Las Cruces.
La presa se hubiera instalado sobre el río San Pedro Mezquital, considerado sagrado por los indígenas cora de la región. Los impactos tenían un sinfín de ramificaciones: miles de familias desplazadas para inundar el terreno, comunidades pescadoras afectadas por la represa del río, uno de los principales humedales de México sin el alimento esencial para sus manglares. El movimiento de lucha en contra de Las Cruces y una riada de amparos frenaron el proyecto, pero la abogada recuerda que la CFE sigue contando con los permisos de construcción y operación.
“Las comunidades están bastante temerosas de este plan de reactivar a las hidroeléctricas como una actividad fundamental de la generación de energía. Se nos han acercado a preguntar, ¿qué va a pasar con nosotros?”, dice. No ha podido más que responderles que, de aprobarse la reforma que impulsa el presidente, la posibilidad de que se reactiven estos proyectos no se puede descartar.