El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, ha otorgado desde ayer las suspensiones tras la ola de amparos presentados por empresas particulares que son afectadas con los cambios regulatorios.
Las suspensiones tienen aplicación de carácter general, es decir, que aplican para todos los involucrados con la finalidad de crear un ambiente de privilegio a los proyectos y empresas que se han amparado respecto a los que no lo han hecho.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para despachar su energía antes que la de empresas privadas, sin importar el costo y la tecnología de las centrales, fue enviada por López Obrador al Congreso el pasado 29 de enero.
En un mes y ocho días, la iniciativa preferente fue aprobada por diputados y senadores, sin realizar cambio alguno pese al pronunciamiento de la Oposición, de especialistas y cámaras industriales que advirtieron los efectos negativos de los cambios propuestos.
El pasado martes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor el miércoles y para ayer ya contaba con tres suspensiones provisionales.
Aún es necesario que el juzgado analice el fondo del asunto para declarar si se tienen elementos de inconstitucionalidad y, en su caso, otorgar una suspensión definitiva.
Por la mañana López Obrador y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, amagaron con acudir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se revise el actuar del juez.