Cd. de México.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió siete investigaciones contra el que fuera el delegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó que las indagatorias, iniciadas desde el pasado 22 de mayo, podrían derivar en sanciones de carácter administrativo, pero también penal.
Desde Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que fue hasta el pasado 8 de julio cuando la Secretaría informó a Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados de todo el País, que era necesario tomar medidas preventivas ante los hallazgos localizados.
"La SFP tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo en conferencia.
"Recibimos con beneplácito la carta de renuncia de Lomelí para llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias".
Sandoval detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó información de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta las contralorías de cinco estados de la República.
La funcionaria detalló que, tras las primeras pesquisas, se puede determinar que "podrían actualizarse las conductas" para ser sancionadas con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 52 establece que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles.
"Incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte", establece.
El artículo 58 refiere que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
En el caso del artículo 60 se prevé que incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, sus familiares o sus socios.
Grupo REFORMA publicó hoy que la SFP investiga los vínculos de Ramiro López Elizalde, actual Director Médico del ISSSTE, con la red de empresas farmacéuticas que controla Lomelí Bolaños.
López Elizalde es socio de la empresa "Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía", que a su vez tiene nexos con "Corporativo Internacional Vigilando tu Salud".
En esta última compañía, que forma parte del complejo entramado que tejió Lomelí en los últimos 13 años, el ex delegado figura como socio y representante junto con su esposa.