Ciudad de México
Por lo pronto, su estructura operativa, los famosos Servidores de la Nación, debe aclarar el ejercicio en 2019 de más de 3 mil millones de pesos.
Hasta ahora, una auditoría dejó en evidencia el desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos y que fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.
Aun peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionado.
El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse.
Y es que, para cerrar el círculo de irregularidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá el próximo sábado 20 su informe complementario de auditoría a la administración pública federal por el ejercicio fiscal de 2019, que incluye la revisión realizada a la “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación”, donde observa el mencionado monto por aclarar de más de 3 mil millones.
UN MONTO IRREGULAR
En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a la nómina de los Servidores de la Nación. Un segundo pliego de observaciones es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.
En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación, cuyo rastreo ha sido difícil de desagregar en trabajos periodísticos e investigaciones independientes por lo que toca a 2019.
Los jefes de la operación
Desde el inicio de la administración, la estructura y operación de programas sociales, llamados este sexenio “del Bienestar”, se ha convertido en una madeja de responsabilidades por el involucramiento de varias dependencias, los vacíos normativos y una escasa transparencia.
La Ley Orgánica de la Administración Pública fue reformada en 2018, al iniciarse la actual legislatura, y sus disposiciones establecieron la creación de la Coordinación de Programas para el Desarrollo como una instancia dependiente de la Presidencia de la República que, conforme al artículo 17, asumió de lleno el mando sobre la estructura de ayudas sociales. No obstante, el mismo artículo en su tercer párrafo deja las delegaciones de Programas de Desarrollo en los estados adscritas a la Sebien.